Este viernes, Natalia Lorena Bulacios y María Lorena Varela, abogadas asesoras de Fiscalía de Estado de la Provincia designadas por el fiscal de Estado, doctor Marcos Denett, para actuar en representación del Gobierno de la Provincia de Catamarca, se presentaron ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y contra la Administración Pública, en Feria, con la finalidad de radicar formalmente una denuncia penal, a tenor del art. 162 de la Const. Provincial; Ley Prov. 1553 y arts. art. 314, 316 y cc. del C.P.P., solicitando el inmediato inicio de la investigación penal preparatoria, virtud a los hechos que a continuación se detallan:

Fiscalía de Estado de la Provincia tomó conocimiento de denuncias formuladas por ciudadanos beneficiarios de planes provinciales de empleo que fueran implementados en el ámbito del Ministerio de Gobierno y Justicia, Dirección de Empleo y Capacitación dependiente de la Subsecretaría de Trabajo (- entre los años 2009 – 2011 -), en las que beneficiarios de dichos planes, “manifiestan percibir una suma de dinero como contraprestación de diversas tareas, o bien, capacitaciones que estos programas implementan y los beneficiarios realizan en un todo de acuerdo al proyecto al que cada uno pertenece”.

Un total de 57 beneficiarios de esos planes concretaron dichas denuncias, ante la Dirección de Trabajo y giradas a Fiscalía por el Ministerio de Gobierno y Justicia, en las que manifiestan “que luego de la percepción del beneficio económico, eran “visitados” por personas que, “bajo amenaza de cortarles el beneficio otorgado, les solicitaban la entrega de diversas sumas de dinero que, por el “estado de necesidad económica” en el que se encontraban, les eran entregados a estos verdaderos –intermediarios políticos - quienes eran encargados de gestionar –en la práctica- la aplicación y otorgamiento de los programas de empleo y capacitación de la Provincia”.

Más adelante Fiscalía de Estado en la denuncia presentada en estrados judiciales manifiestan que “las maniobras a las que eran sometidos los beneficiarios no terminaba con la entrega de una parte del dinero que percibían de esos mismos planes, sino que por el contrario, también eran utilizados para la realización de diversas actividades, las que se vinculaban a la “manipulación política”, traducida en la participación en cortes de ruta, reuniones y asambleas de reclamos y protestas, participación en actos partidarios, y hasta la prestación de tareas domésticas en los domicilios particulares de estos inescrupulosos de la política”, sostienen.

“Deberá observar el SFI que, en algún caso, estos indignos personajes, cobraban una suma de dinero a cambio de tramitar y gestionar la inclusión de ciudadanos que, reiteramos, forman parte del núcleo social más vulnerable de nuestro Pueblo, debido a las carencias y necesidades insatisfechas en el que se encuentran sumergidos, resultando imperioso que estas espurias maniobras extorsivas queden al descubierto y por sobre todo, individualizados sus crueles responsables”.

Las denuncias efectuadas por 57 ciudadanos que resultaron damnificados por el accionar inescrupuloso de punteros políticos, con la evidente complacencia y si se quiere, complicidad de ex funcionarios del gobierno anterior, a la que tuvo acceso El Diario de Catamarca, se puede leer que “en su mayoría fueron individualizados por quienes a la postre resultaron ser las víctimas de estas maniobras”.

Por su parte, la denuncia efectuada por la letradas de Fiscalía de Estado de la Provincia solicita al fiscal en feria “Inicie la correspondiente investigación penal preparatoria y oportunamente determine los responsables: autores, coautores y partícipes de los delitos denunciados y oportunamente eleve la causa a juicio”.