La Oficina Anticorrupción realizó en marzo una presentación que recayó en el juzgado de Claudio Bonadío. Le cabrían dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos.
La OA denunció a Espinosa –según fuentes judiciales– por "eventuales negociaciones incompatibles con la función pública" y por "posible omisión maliciosa de datos", porque no informó de ese vínculo laboral en sus declaraciones juradas.
La historia que jaquea a Espinosa empezó el 13 de enero de 2008, cuando PERFIL reveló que era empleado de Cristóbal López.
La investigación demostró que había trabajado para Oil M&S durante el año 2003 y que desde ese momento se mantuvo vinculado. También se detalló que a partir de mayo de 2007 –según planillas de ANSES– esa empresa le había pagado aportes patronales y al mismo tiempo se había presentado a dos licitaciones de Enarsa.
A raíz de la revelación, legisladores de la CC presentaron denuncias en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y en la Oficina Anticorrupción. Ese organismo abrió un expediente, investigó el caso durante dos años y recibió un descargo del propio Espinosa. Al final, tomó la decisión de denunciarlo por la posible omisión maliciosa de datos en las declaraciones juradas (artículo 268 del Código Penal) y la eventual concurrencia con la figura de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265).
Con respecto a la omisión de datos, la OA concluyó que tanto el objeto social de Enarsa como el de Oil M&S son coincidentes y que eso podría fundamentar el interés de Espinosa en ocultar deliberadamente la información en la declaración jurada.
El escrito presentado a la Justicia también señala irregularidades que involucran a la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que realizó un pago de 340 mil pesos a Espinosa.
La denuncia se presentó el 12 de marzo y recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadío. Si comprueban que existió el delito de omisión "maliciosa" de datos, el denunciado podría recibir hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El fiscal Gerardo Di Massi ya comenzó la instrucción judicial, solicitando informes a distintos organismos. Este diario se comunicó con voceros del funcionario, que señalaron que no iba a realizar ningún comentario.
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