El Centro Mandela denunció un nuevo caso de desmontes clandestinos en El Impenetrable chaqueño. Se trata de tierras fiscales identificadas como Parcela 167, Lote 61, Circunscripción III , del Departamento Brown. “Allí viven varias personas que son empleados de un ingeniero que dispuso el desmonte, para lo cual utilizó una topadora, afectando 418,6 hectáreas”, señaló la organización de Derechos Humanos.

“Repetidamente escuchamos que los funcionarios afirman que el manejo del monte chaqueño es absolutamente sustentable y que todo está bajo control. Esta prédica ha generado ilusiones y esperanzas en muchos sectores sociales y productivos del Chaco”, señaló el coordinador del Centro Mandela Rolando Núñez.

A través de un comunicado, el abogado señaló que “mientras tanto, la realidad marca que las explotaciones forestales, los silvopastoriles y los desmontes ilegales superan holgadamente a los autorizados por la Dirección de Bosques a lo largo de un proceso que se acumula por década en el manejo insustentable y predador del monte nativo”.

“Esta vez, el desmonte clandestino fue efectuado en una región prohibida porque ha sido declarada Zona Roja. Fue realizado en tierras fiscales, lo que duplica la ilegalidad tan arraigada en algunos productores. A pesar de que son tierras públicas, allí se instaló un emprendimiento que dio origen al Establecimiento “La Pepa”, ubicado sobre la Picada Olmos, a siete kilómetros al norte del Paraje “El Toba”, afectándose 2.500 hectáreas de tierras públicas”, indicó.

La denuncia del Centro Mandela apunta a tierras fiscales identificadas como Parcela 167, Lote 61, Circunscripción III , del Departamento Brown. Allí, según la organización, viven varias personas que son empleados de un ingeniero que dispuso el desmonte, para lo cual utilizó una topadora, afectando 418,6 hectáreas.

“La superficie desmontada comprendió el 13,5 % del campo fiscal, de tal modo de que el rutinario monitoreo de imágenes satelitales debió haber detectado esta práctica clandestina porque fue manifiesto el cambio o la alteración en la cobertura boscosa. Las imágenes anteriores y las posteriores al desmonte son excesivamente elocuentes para que todo pasara sin que fuera descubierto”, indicó.

Zona Roja.

Después de que el Instituto de Colonización desadjudicara a María T. Campos en el año 2004, este campo fiscal fue incluido como parte de la Reserva de 250.000 hectáreas. Posteriormente, esta parcela quedó comprendida en la Zona Roja, según la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, indicó Núñez. Sin embargo, allí se instaló el Establecimiento “La Pepa” y se desmontó clandestinamente 418,6 hectáreas. Para evitar equívocos o desmentidos, se tomaron tres puntos del monte topado, que dieron las siguientes coordenadas S 25° 35.189’ W 62° 25.630’, S 25° 34.903’ W 62° 23.872’ y S 25° 34.911’ W 62° 25.348’, afirmó el abogado.

Núñez reiteró sus críticas a la Dirección de Bosques señalando que directamente es un organismo que “funciona mal”. “Históricamente (esa Dirección) ha sido una comercializadora del monte chaqueño, fuertemente influenciada por la burocracia, la ineficiencia, el tráfico de influencia y la corrupción. El desmonte clandestino en análisis pudo no haber sido detectado en tiempo real por el Centro de Geoinformación o, directamente, permanece aún por fuera de los controles”.

“En cualquiera de los dos casos, queda en evidencia que el sistema no funciona bien, que es lo mismo que decir que continuarán las explotaciones forestales, los silvopastoriles y los desmontes ilegales, como hechos consumados que algunas veces serán objeto de infracciones, aunque el pago de estas convenga a los productores para continuar con las prácticas clandestinas”, indicó.

“Pero la situación sería mucho más grave para la Dirección de Bosques y sus funcionarios, en coordinación con el Centro de Geoinformación, en el caso de que el desmonte haya sido detectado en tiempo real y no se lo haya intervenido para paralizarlo, o habiendo sido detectado a través de un control tardío el organismo no hubiera intervenido siguiendo los pasos que contemplan la ley y la reglamentación”, afirmó.

“La policía provincial no fue requerida por la Dirección de Bosques para proceder como correspondía, con lo cual ya se tiene una idea aproximada de lo ocurrido. En cualquier caso, este desmonte ilegal, realizado en tierras públicas, pone definitivamente al descubierto el mal funcionamiento de la Dirección de Bosques y, por añadidura, del Ministerio de la Producción”, sostuvo Núñez.