A través de su coordinador, Rolando Núñez, el Centro Mandela se dirigió al Superior Tribunal de Justicia de la provincia mediante el siguiente documento que se transcribe:

Me dirijo a Usted, en mi calidad de Coordinador del Centro Mándela, constituyendo domicilio en Avenida Alberdi 338 de esta ciudad, a los fines de poner en su conocimiento lo siguiente:

Que ante la inexistencia de una Policía Judicial actúa como auxiliar de la justicia la Policía Administrativa, que depende del Poder Ejecutivo. Sin entrar a ponderar la menor o mayor ineficiencia del personal de la Institución policial, en este caso ponemos nuestra atención en un hecho que consideramos de gravedad institucional dado que el despliegue policial impacta en forma directa y muy negativa en la prestación del servicio de justicia y en la responsabilidad del Estado.

La grave irregularidad que conspira contra el buen funcionamiento judicial

Ante solicitudes concretas cursadas por los Tribunales de la ciudad de Resistencia a los efectos de que conduzcan a prestar declaración a los testigos remisos con el auxilio de la fuerza pública, en reiteradas oportunidades la Policía de la Provincia del Chaco respondió que los testigos “no son conducidos a esa instancia debido a que los vehículos policiales cuentan únicamente con seguros contra terceros, que no cubre los siniestros de las personas transportadas”. Para citar un solo ejemplo que refleja la grave irregularidad, menciono las constancias de fs. 232 de la causa “Bastiani, José Julio y Mónica Silvero s/ Beneficio de Litigar sin Gastos”, Expte. Nº 7966/10, del Juzgado Civil Nº 14 de esta ciudad, que saliera en lista el pasado 30 de Noviembre de este año.

Ante la crudeza de las expresiones oficiales de la autoridades policiales, no cabe duda alguna que lo afirmado debe ser cierto y que responde a decisiones adoptadas en el seno del Poder Ejecutivo, especialmente del Ministerio de Gobierno y con más precisión en la órbita de la Secretaría de Seguridad, a propósito de la vigencia de la cuestionada ley de Seguridad Democrática, que entre otras cuestiones ha establecido que la administración general y el comando estratégico de la Institución policial han quedado a cargo del Secretario de Seguridad, como facultades exclusivas de este funcionario.

Si ampliamos nuestro análisis, no escapa a nuestra mirada la extraordinaria responsabilidad patrimonial objetiva que tienen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en los casos de siniestros o accidentes en que resulten lesionadas o fallecidas el personal policial y las personas transportadas en los automotores policiales cuando son privadas de su libertad y los que ya se encuentran alojados en los establecimientos policiales, penitenciarios o carcelarios del sistema provincial, en ocasión de ser trasladados de tales lugares, especialmente cuando deben ser llevados a los tribunales y a las fiscalías intervinientes donde se tramitan las causas penales y contravencionales.

Por lo tanto, ante la evidencia -grave y preocupante- que suponen los hechos mencionados, resta la inmediata intervención institucional del Superior Tribunal del Justicia ante el Poder Ejecutivo para que de manera urgente resuelva el conflicto que afecta integralmente la prestación del servicio de justicia y genera un régimen agravado de responsabilidad del Estado frente a posibles y concretos hechos dañosos que luego deben ser indemnizados con dineros públicos, a propósito de una caja provincial que se presenta desequilibrada, hasta deficitaria, para pagar -en tiempo y forma- los compromisos asumidos por los poderes y organismos públicos, lo que ha generado una extraordinaria deuda flotante en el ejercicio financiero 2011, que se ha consolidado fuertemente en el curso del corriente año.

En definitiva, los administradores de los recursos públicos han mostrado muy poca responsabilidad y nula austeridad, lo cual ha quedado aún más nítidamente demostrado cuando no contrataron seguros para dotar de cobertura a las personas transportadas en los automotores policiales. Por sus posibles consecuencias, el tema es de gravedad institucional, aunque permite advertir a las restantes autoridades y a la opinión pública como se manejan irresponsablemente muchos funcionarios públicos, especialmente aquellos que ocupan los cargos de mayor nivel y jerarquía en la Provincia del Chaco. También esta cuestión permite esclarecer y desenmascarar los vacíos discursos de muchos funcionarios de gobierno, que activamente desinforman y manipulan a la opinión pública.