"Fernández está en las «dos puntas» del tema y, desde mi óptica, hay lesiones jurídicas que vuestra señoría debe investigar", sostuvo Monner Sans, en su presentación.

La denuncia se sumó a algunas voces críticas de la oposición, como la de la diputada Silvana Giudici (UCR), que afirmó que el funcionario incurría en una incompatibilidad. "Es obsceno y reñido con la ley de ética pública que quien reparte plata a los clubes, a través del programa Fútbol para t odos, a su vez sea directivo de un club que se beneficiará con esos recursos" dijo Giudici.

Ante la consulta de LA NACION, el ex fiscal Manuel Garrido opinó que el funcionario no cometió delito y que la doble función no es, en principio, una incompatibilidad en sí misma. Pero advirtió que si ejercía los dos cargos a la vez, corría peligro de incurrir en un conflicto de intereses, previsto en la ley de ética pública. "Si autoriza la entrega de fondos que finalmente terminan en el club Quilmes, puede haber un conflicto de intereses, porque su decisión como funcionario puede estar contaminada", sostuvo Garrido, director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). "Tendría que hacer una consulta preventiva con la Oficina Anticorrupción [OA] para ver si tiene que excusarse de tomar ciertas decisiones", agregó.

En la OA aún no se abrió ningún expediente para estudiar el caso, pero su titular, Julio Vitobello, instruyó a especialistas de la dirección de Transparencia para que lo analicen, revelaron a LA NACION fuentes del organismo. "En principio, no habría problemas porque el contrato de Fútbol para t odos es entre el Gobierno y la AFA, sin intervención de Quilmes", agregaron las fuentes.

Otros expertos del organismo expusieron las dudas que genera el caso y las normas que podrían violarse, como la ley de ministerios, la de ética pública y el Código de Etica. En su artículo 41, esta norma dice que "a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo".

Consultado por LA NACION, a través de sus voceros, el jefe de Gabinete no quiso hablar del tema. Sólo desmintió una versión que indicaba que analizaba pedir licencia en Quilmes.