El argumento oficial había sido que los jueces habían participado de actos de “índole política”, según el fallo de la Corte. Según los demandantes, el problema fue que los magistrados Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza repudiaron públicamente el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que depuso a Manuel Zelaya e instaló una dictadura cívico-militar. Por eso en la acusación que presentaron las dos ONG en San José de Costa Rica se sostiene que el Estado hondureño violó los derechos de los cinco despedidos: el derecho a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, el derecho de reunión, a la libertad de asociación y el derecho a la protección judicial.

Dos de los jueces despedidos habían participado en marchas de la resistencia durante los meses de la dictadura dirigida por Roberto Micheletti, otro había condenado el golpe durante una conferencia académica. La jueza, por su parte, había presentado de oficio un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación del presidente Zelaya.

“Por eso, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la CIDH funge como una instancia complementaria a los sistemas nacionales de protección, en este caso la falta de independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia pone en entredicho la posibilidad de agotar alguna instancia judicial en Honduras”, argumentaron las dos organizaciones querellantes.

La demanda no incluye ningún cuestionamiento explícito al golpe de Estado contra Zelaya ni a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que cometieron la dictadura y el posterior gobierno de Porfirio Lobo, electo bajo un clima de opresión y persecución política. No obstante, las dos organizaciones de juristas y abogados que firman la acusación repudiaron abiertamente el golpe el año pasado.

Por eso, eligieron la fecha del 6 de julio para presentar el escrito en San José. Ese día se cumplió un año del primer asesinato de la dictadura de Micheletti.