"No se trata de una cuestión de política y ni siquiera de orden, sino de una cuestión de estricta justicia, debido a que hay una gran cantidad de gente que está anotada hace mucho tiempo, encuadrada dentro del ámbito legal, mientras esta gente (los usurpadores) no sólo elige ir por afuera de los límites de la ley, sino que además quiere elegir uno de los barrios y de las tierras más preciadas que tiene la ciudad”, expresó ayer el viceintendente Sergio Bohe, transitoriamente a cargo del Departamento Ejecutivo debido al viaje de Martín Buzzi a Colombia.

En tanto, en relación a la solicitud que hacen como “hijos del barrio” quienes tomaron posesión ilegal de las tierras, Bohe fue contundente al decir que “independientemente del lugar donde hayan nacido, esta gente está actuando como sinvergüenzas y eso tiene que tener la respuesta más dura del Estado que es el desalojo por vía judicial”.

Además, “si fuera por solicitud de hijos del barrio entonces tendríamos que llegar a la conclusión que en el centro de la ciudad o en el 80% de los barrios de la ciudad, no podrían nacer hijos porque no tendrían derecho a tierra, cosa que es un despropósito de enormes dimensiones y que no tiene niveles de tolerancia admisibles en una vida ciudadana”.

Asimismo, Bohe señaló en relación al trabajo que se viene desarrollando desde el municipio que “no vamos a tolerar la ocupación, vamos a ordenar y solicitar el desalojo de esta personas que eligen vivir por afuera de los límites de la ley y que deben atenerse a las consecuencias porque las leyes son de orden y dominio público y esto hay que cumplirlo”.

MANO DURA

El viceintendente dijo además que “se va a acelerar desde el Concejo el endurecimiento del registro de reincidencia que prevé otras penalizaciones porque el que elige vivir afuera de la ley, tiene que responsabilizarse por sus actos porque la construcción de ciudadanía se hace sobre todos y cada uno de los renglones”.

“Vamos a proponer una modificación y ampliación del código de contravención, por lo que estamos propugnando una aplicación bastante más democrática de este código que establece penas de prisión de 3 a 75 días (de acuerdo a la gravedad), tipificando el accionar de usurpación como delito”, puntualizó Bohe.