Ocurrió a mediados de septiembre, y provocó la presentación de intimaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo por parte de trabajadores de Hacienda. Denunciaron maltrato laboral y presiones para avalar proyectos “que no reúnen los requisitos legales”. ¿Quiénes son los funcionarios denunciados? El papel del Intendente, el gremio SOYEM, y el Tribunal de Contralor.

Tres trabajadores de planta de la Dirección de Contaduría General del municipio sufrieron inimaginables presiones por parte de altas autoridades políticas del Ejecutivo, para que avalen el pago de planes sociales sin respaldo administrativo ni documentación, y con modificaciones de último momento al listado de beneficiarios.

A través de una nota -a la que tuvo acceso ANB- describieron una situación que, además, se habría reiterado en varias oportunidades, pero que el 21 de septiembre pasado llegó al límite, y expuso a los empleados municipales a una violenta situación ante los beneficiarios de los planes, quienes se presentaron en la oficina de Contaduría y exigieron cobrar o “se pudría todo”.

Los tres trabajadores recibieron presiones de manera directa del Secretario Privado del Ejecutivo, Oscar Borchichi; el secretario de Hacienda, Mario Bevilacqua; el subsecretario de la Jefatura de Gabinete, Rodrigo Arroyo; y la secretaria de Desarrollo Humano, Diana Garrafa, quienes exigieron el aval sin documentación respaldatoria a un proyecto de resolución que permitiría el pago -ad referendum- de los planes a los vecinos beneficiarios.

La situación derivó en el envío de cartas documento para que el Ejecutivo “proceda al inmediato cese de la violencia laboral” que ejerce en el área de Contaduría.

Según el relato de los empleados -encargados de las áreas de Registros; Rendiciones; y el Departamento de Presupuesto-, el jueves 20 de septiembre se requirió a los empleados que permanezcan en sus lugares de trabajo más allá del horario habitual para dar tratamiento urgente “sin documentación” a dos proyectos de resolución -con números 3004 y 3020- ya que al día siguiente, un grupo de beneficiarios de planes sociales se trasladarían a la secretaría de Hacienda para cobrar, y no existía acto administrativo que permita abonarles.

“El proyecto 3020 fue comprometido sin la documentación respectiva”, mientras que el 3004 “fue devuelto al área anterior con las observaciones a los fines que sea modificado”.

Un día después, el viernes 21, los trabajadores de Contaduría observaron que el proyecto de resolución 3020 fue modificado y correspondía en realidad a un programa con recursos afectados remitidos por Provincia. Es decir, que los funcionarios del Ejecutivo que conduce Omar Goye intentaban modificar la procedencia de los recursos para el pago de los planes sociales municipales.

Mientras el ambiente se enrarecía por la presencia de los beneficiarios exigiendo cobrar, autoridades políticas del gobierno presionaban a los empleados de Contaduría para que realicen excepciones a las exigencias de documentación y administrativas para así poder realizar el pago. Una nota del propio Intendente “autorizaba” tratar el proyecto de resolución “en forma urgente y sin la documentación respectiva”, relataron los trabajadores de Contaduría.

Ante las presiones, se dio tratamiento al proyecto. Pero las desproligidades no finalizaron. A las 15 horas del mismo viernes, Rodrigo Arroyo se presentó en las oficinas de Hacienda para “insistir” en “cambiar el listado de beneficiarios que por error la Secretaría de Desarrollo Humano no había incluido”.

La violación de todas las normas vigentes fue la explicación de los empleados de Contaduría para negarse a avalar el pedido. La intervención de referentes del sindicato SOYEM avalando la actuación de los trabajadoes, permitió descomprimir la situación y los empleados se retiraron.

Pero la tensión y presiones se trasladó al martes 25 de septiembre, cuando, una vez más, altos funcionarios del Ejecutivo exigieron al área de Contaduría la aprobación de una resolución sin la documentación necesaria.

Ese día debían cobrar los “beneficiarios” del proyecto de resolución 3040 que, una vez más, presentaba irregularidades. La situación derivó en duras reuniones en las cuales Arroyo, Diana Garrafa, Borchichi, y Bevilacqua presionaron para consumar los pagos y los cambios en la resolución sin que medie la incorporación de documentación.

Mientras los dirigentes gremiales esta vez se sumaron a la presión contra los empleados, de acuerdo a lo que expresaron en la nota; la Presidenta del Tribunal de Contralor, Daniela Núñez, se negó a participar de una reunión en la que debía clarificar un posicionamiento legal sobre la maniobra.

La intransigencia de los empleados de Contaduría derivó en un nuevo método de presión: el reclamo de los beneficiarios. “Comienzan a subir por las escaleras e ingresan a nuestra ofician, protestando y exigiendo el pago, y manifestando que alguien les mencionó que la Contaduría estaba reteniendo el pago, sin que hayamos podido saber con certeza quién fue la persona que les manifestó esto, y sobre todo quién le sinformó en qué lugar físico quedaba la Contaduría y por dónde ingresar”, relataron.

Al grito de que “se pudría todo” si no cobraban, los incorporados al listado del plan social, tensaron la situación al extremo, y lograron que los trabajadores dieran tratamiento al proyecto de resolución.

A través de la nota -que circula silenciada desde hace una semana por los despachos del Ejecutivo-, los tres empleados dejaron en evidencia “el maltrato, la presión, y el riesgo de ver afectada su integridad física y psicológica que sufren en su trabajo diario. Como así también la desprotección que sentimos al tratar de aplicar y respetar la normativa vigente”.

Acompañaron su denuncia con el envío de cartas documento pidiendo el cese de la violencia en el ámbito del trabajo, y señalando a Borchichi, Arroyo y Bevilacqua como responsables de “hostigamiento psicológico y acoso laboral” y “abuso de poder”.