Al expediente lo inició una denuncia por ruidos molestos en una empresa pesquera que resultó no tener, al momento de la notificación, habilitación formal para operar. Hasta entonces, Mónica Felices, defensora adjunta del Pueblo, no dudaba de la legitimidad de los controles realizados durante 2011 por los inspectores de la delegación municipal del Puerto, que comandaba Mariano Retrivi.

Sin embargo, el descargo de los dueños de esa planta de procesado y conservas dejó entrever que sin autorización de funcionamiento y sin certificado de aptitud ambiental operaban muchas más empresas de las pensadas.

Así que aquel flaco expediente por ruidos molestos promovió, en muy poco tiempo, la creación de otro documento de dos cuerpos con información y testimonios que confirmarían que Retrivi “habría ordenado a sus trabajadores no constatar a determinadas firmas” por sus conocidas relaciones productivas con los propietarios de esas plantas.

En diálogo con El Atlántico, Felices confirmó la extensión de ese expediente y explicó que las fojas que lo integran pertenecen al envío permanente de información por parte del actual delegado del Puerto, Fernando Caronivo, “que responde a cada una de las consulta realizadas por la Defensoría en relación a este tema”.

En el documento, constan inspecciones ejecutadas en los últimos meses, que contraponen las desarrolladas durante la era Retrivi. “Los informes anteriores a esta nueva gestión eran flojos, estaban dibujados. De hecho, al comparar datos te das cuenta que los controles, el año pasado, no se hicieron debidamente. Hay testimonios de empleados que aseguran que les estaban prohibidas las inspecciones en determinadas empresas”, denunció Felices.

Tras halagar el trabajo desarrollado por Caronivo, “gracias al cual se han podido intimar a varias firmas a regularizar las habilitaciones y los certificados de aptitud ambiental en 48 horas”, la defensora adjunta consideró que “las irregularidades en los controles respondieron a la lógica con la que un empresario, como lo es Retrivi, cumpla un cargo público”. “Son formas muy antagónicas de manejarse”, razonó, sin descartar pedir sanciones contra el ex delegado si es que se constata su “incumplimiento como funcionario estatal”.

Sobre el proceso de engordamiento del expediente, Felices contó: “Todo empezó por una denuncia de un vecino por ruidos molestos. A partir de eso, y tras intimar a la empresa, el dueño denunció que habría en el puerto muchos establecimientos con irregularidades. Y por eso que se quejaba por la desigualdad del Estado a la hora de controlar”.

Fue esa declaración la que generó que Felices solicitara un listado de inspecciones. “Y como hay un nuevo delegado municipal le pedí información. Así fue que me encontré con pesqueras muy importantes, de las grandes, que carecen de habilitación y en otros casos realizaron ampliaciones no declaradas de sus plantas”, detalló la funcionaria.

“Lo que hicimos, a partir de esa información, fue intimar a las empresas y extenderles un plazo de 48 horas para presentar toda la documentación que se necesita para mejorar su situación”, señaló Felices, que dijo que en caso de no responder a esta exigencia, los propietarios de la firma deberán de empezar a pensar en una clausura por tiempo indeterminado.

Por lo pronto, la intención de Felices se aboca a que las inspecciones se multipliquen y la regularización de las plantas sea un horizonte de solución.