Todo comienza con el retorno del Director General de Asuntos Jurídicos de la licencia por Cargo de Mayor Jerarquía, a partir de lo cual se limitan las subrogancias de los compañeros que venían desarrollando esas funciones. Recordemos que el Director General se encuentra imputado en tres sumarios y que varios de los compañeros del área han tenido intervención en ellos, situación por la cual pasaban a depender de la persona a quien sumariaban; ante esto un grupo de compañeros del sector solicita nuestra intervención”. “Ante las excusaciones que esta situación producía y el pedido de que se aparte al imputado hasta tanto se resuelvan los sumarios, la gestión decide mandar a dictaminar todo al Servicio Jurídico Permanente de otra Universidad y dividir las funciones de la Dirección General, otorgando sólo parte de ellas al Director, lo que motivó la presentación de APU solicitando en forma inmediata se deje sin efecto la división de funciones expresada en el artículo 3º de la Resolución de Rectorado nº 2504/11. Por Resolución de Rectorado nº 2654/11 se hace lugar a lo solicitado por APU, pero nada se dice de quién queda a cargo de la Dirección General. Hoy se nos informa que el Director General se encuentra gozando de Licencias Anuales Ordinarias pendientes”, se añadió. A su vez, desde la entidad gremial se puntualizó que “una compañera del área también ha realizado acciones en forma personal -que desde APU hemos ido acompañando-, encontrándose hoy su reclamo en la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, a la que concurrimos para plantear toda la situación. Cabe destacar que desde el 7 de julio de 2011, fecha en que se limita a los compañeros que ejercían los cargos, el titular de la DGAJ, no ha realizado ningún acto que demuestre su efectivo reintegro al cargo”. Además, se recalcó que “es la gestión la que hoy asume las funciones que son propias del personal, lo que constituye, a todas luces, un acto grave para la institución que afecta la independencia del área, a nuestros intereses como trabajadores/as en el respeto por el ejercicio pleno de nuestras funciones y a toda la Comunidad Universitaria. APU interviene en este caso con la entera convicción de que estamos resguardando el rol de la Planta Permanente y su estructura, la que en este caso se encuentra establecida por Ordenanza de Consejo Superior nº 1069/88 – rectificada por Ordenanza de Consejo Superior nº 1103/98”. “Hay que decir, además, que hemos recibido una denuncia de maltrato verbal y falta de respeto por parte de la Subsecretaria Legal y Técnica, Marina Sánchez Herrero, hacia un trabajador y que se suma al contexto de atropello que describimos anteriormente. Instamos al Señor Rector, Francisco Morea, a revertir esta situación designando en forma fehaciente, y acorde a la reglamentación vigente, al trabajador que esté en condiciones de asumir las funciones de Director General de Asuntos Jurídicos”, finaliza el comunicado.