El Congreso se ha convertido en la víctima principal del vacío de información que impuso el Gobierno. Hace meses que el jefe de Gabinete no cumple con su obligación constitucional de rendir cuentas de la gestión; los funcionarios no responden los pedidos de informes de los legisladores, y tampoco informan sobre la ejecución de los gastos presupuestarios ni jubilatorios, a pesar de que la ley se los exige.

La oposición cuestiona esta política del Gobierno al sostener que cercena el acceso a la información pública e impide al Congreso ejercer una de las funciones primordiales que le impone la Constitución nacional: controlar a la administración pública.

Ante la indiferencia de los funcionarios, varios legisladores apelaron, como alternativa, al decreto 1175/03 de acceso a la información, una instancia que el Poder Ejecutivo abrió a toda la ciudadanía. Incluso así, su suerte ha sido dispar.

El vacío informativo abarca todos los órdenes, aunque el más grave es el del jefe de Gabinete. El artículo 101 de la Carta Magna le exige que una vez al mes rinda cuentas en el Congreso de la marcha de la gestión. Sin embargo, el año pasado el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sólo asistió una vez (fue al Senado), mientras que en 2010 lo hizo en dos oportunidades, una en cada Cámara. Su sucesor, Juan Manuel Abal Medina, hasta ahora no ha asistido nunca.

"Este gobierno ignora toda norma que implique transparentar la gestión, rendir cuentas, cumplir con las reglas. En 10 años de kirchnerismo hay un probado desapego hacia ésta y otras obligaciones constitucionales, sobre todo, siempre que se trate de informar", fustigó la diputada Margarita Stolbizer (GEN), quien presentó un proyecto para exigir la presencia del funcionario.

"A veces la información es tan inaccesible por las vías oficiales que no queda otra posibilidad que recurrir a ciertas vías informales... y comprar «la data»", comentó, en reserva, otro diputado opositor.

La ejecución del presupuesto -fundamental para seguir el día tras día de la gestión- es otro gran misterio. La página web del Ministerio de Economía que desgrana cómo se consume el gasto en cada una de las áreas está desactualizada desde diciembre del año pasado. El Gobierno tampoco cumple con la ley 24.629, que le exige remitir al Congreso un informe trimestral sobre la ejecución presupuestaria.

Otra incógnita es el estado actual de la administración de los fondos jubilatorios por parte del Gobierno, una caja millonaria que le sirve para financiar al Tesoro. La ley que estatizó las jubilaciones, en 2007, obliga a la Anses a informar periódicamente a una comisión bicameral creada ad hoc sobre la gestión de esos fondos, pero la información brilla por su ausencia.

"La última reunión de la comisión bicameral fue a fines del año pasado y la documentación que remitió la Anses databa de seis meses antes. La información siempre ha sido defectuosa e incompleta, lo que impide un control efectivo", despotricó Claudio Lozano (FAP).

La renuencia a informar también alcanza al Banco Central (BCRA): la Carta Orgánica del organismo obliga a su presidente a concurrir ante las comisiones de Finanzas y de Presupuesto para dar cuenta de la gestión. "Mientras yo presidí la comisión de Finanzas, invité innumerables veces a [Mercedes] Marcó del Pont; sin embargo, nunca concurrió", aseveró Alfonso Prat-Gay, jefe de bloque de la Coalición Cívica.

¿A qué obedece esta actitud sistemática del Gobierno de no informar? El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, es terminante. "Obedece al más absoluto desprecio del oficialismo por el Congreso", fustigó. Su compañero de bancada, Mario Negri, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, coincide. "A la cesión de poderes al Gobierno, se agrega ahora la falta de información. El menosprecio hacia el Congreso es evidente", sostuvo.

Esa indiferencia gubernamental se manifiesta, sobre todo, en los pedidos de información que no responde a los legisladores. Según un trabajo que elaboró la Fundación Nuevos Valores Legislativos, de los pedidos de informes que se presentaron en la Cámara de Diputados desde 2003 hasta 2011, sólo se aprobó el 17,5 por ciento. De ese porcentaje, casi una tercera parte el Ejecutivo no los respondió. Y los que remitió al Congreso llegaron con tal demora que perdió actualidad.

"Como no contestan los pedidos, apelé al decreto presidencial de acceso a la información: quería averiguar sobre el plan de viviendas del Ministerio de Planificación. Puse mi DNI, pero no sinceré que era diputada; creí que así me responderían -relató a LA NACION la diputada Laura Alonso (Pro), ex directiva de Poder Ciudadano-. Efectivamente, me respondieron: averiguaron que yo era diputada y me dijeron, como toda contestación, que cuento con otros mecanismos para obtener la información. Increíble."

La diputada denunció ante la Justicia al Ministerio de Planificación. Y todavía espera una respuesta.

Ausencia de datos del Poder Ejecutivo

El Gobierno no cumple con una serie de leyes que lo obliga a informar periódicamente al Congreso o responder informes sobre la marcha de la administración pública