La exitosa política de lucha contra las guerrillas izquierdistas de su país, a las que propinó los más duros golpes en toda su existencia, llevó al gobierno de Alvaro Uribe –según denuncias coincidentes de ONG de derechos humanos, versiones periodísticas y ex funcionarios– a traspasar la frontera de la legalidad y a que su organismo de inteligencia realizara, en los ocho años de mandato, seguimientos, espionaje e interceptaciones telefónicas ilegales dentro y fuera del país a personas de las que sospechaba que tenían nexos con los rebeldes, entre ellos eurodiputados y al propio presidente de Ecuador, Rafael Correa y su cúpula militar.

Hace dos semanas, en Bélgica, la poderosa ONG Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció que la central de inteligencia colombiana (DAS), que depende directamente del despacho de Uribe, realizó seguimientos e interceptaciones telefónicas a miembros de organizaciones europeas de derechos humanos e, incluso, a varios eurodiputados desde 2008 .

Esta labor no es ajena para el organismo que hizo lo propio en su país con magistrados, políticos de oposición y periodistas independientes, como lo comprobó la Fiscalía que ordenó la captura, de momento, de al menos cinco ex altos funcionarios de Uribe, entre ellos el ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren porque “establecieron una empresa criminal en conjunto al DAS , para desprestigiar a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

“Pedimos al Parlamento Europeo que abra una investigación pues el DAS sigue realizando labores de espionaje en Europa en nombre de la seguridad nacional de Colombia”, acusó el secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez ante los eurodiputados. Una de ellas, Isabelle Durant, vicepresidenta de la Eurocámara y miembro del Partido Verde, calificó las denuncias de “justificadas” y prometió “buscar con otros grupos políticos una pronta respuesta” al pedido de la FIDH.

Preocupados por las consecuencias de la denuncia –en especial de un Tratado de Libre Comercio recientemente firmado entre Bogotá y la Unión Europea—, el canciller colombiano Jaime Bermúdez convocó de urgencia a los embajadores europeos acreditados en su país.

Según dijo a Clarín uno de los diplomáticos presentes en la reunión, que requirió del anonimato, “Bermúdez llegó acompañado de Felipe Muñoz, director del DAS, y ambos nos suplicaron mediar ante nuestros gobiernos para desoír las denuncias, incluso prometiendo entregar documentos clasificados como de seguridad nacional a una comisión del Parlamento Europeo que acepte venir a su país”. “ Llegaron a aceptar, incluso, la existencia de los seguimientos a algún eurodiputado y la recopilación de información sobre sus posturas ideológicas, por parte de uno de sus funcionarios en Italia, pero aseguraron que para ello se basaron en información pública y no a través de actividades de espionaje”, enfatizó la fuente.

Junto al cabildeo con los embajadores de Europa, ambos funcionarios convocaron a los reporteros que cubren información de política exterior a una inusual rueda de prensa en la que buscaron minimizar la repercusión de la denuncia de la ONG y entregaron un comunicado en el que se resaltó que “es función de las agencias de inteligencia recopilar información de carácter público que permita adelantar análisis sobre temas que afecten los intereses del Estado”.

Pero si la denuncia en Europa le crea incomodidad a Uribe, un nuevo escándalo con Ecuador eclipsa el final de su mandato. En momentos en que se curaban muy lentamente las heridas que, a nivel diplomático, dejó el bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las rebeldes FARC en marzo de 2008 en territorio de ese país, y que llevó a que Quito rompiera relaciones diplomáticas, el diario El Universo de Guayaquil denunció que el DAS interceptó en 2008 las comunicaciones del presidente Correa, funcionarios, periodistas, militares, políticos y empresarios ecuatorianos.

El hecho llevó a Correa a advertir que de comprobarse la denuncia periodística “llevaría a un nuevo rompimiento diplomático”. Sin embargo, y ante un desmentido público de Uribe, el sábado Correa admitió, de momento, la versión colombiana.