Manuel Ángel Reux, un exempleado contratado de obra del Ministerio de Salud Pública, denunció penalmente a autoridades de esa cartera provincial por la supuesta comisión de los delitos de defraudación a la administración del Estado provincial, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público en concurso real.
Detención y anuncios
En su relato, Reux mencionó que en noviembre del año pasado fue detenido “en carácter de incomunicado”, por la Policía de Investigaciones de la provincia, “por supuestos ilícitos cometidos” en el área donde trabajaba, la vieja Dirección de Farmacia, hoy denominada Dirección de Programación y Gestión de Insumos Médicos. En aquella ocasión, el ministro Baquero junto a otros funcionarios de esa cartera sanitaria y jefes policiales, habían presentado los resultados de una investigación que aseguraba haber descubierto el robo de medicamentos y leche en polvo de varios depósitos, hecho por el cual fueron detenidos cuatro agentes sanitarios, los que a la vez fueron sumariados y separados de sus cargos.
“En momentos de mi detención, reiteradamente los policías investigadores me decían que me había robado una suma en medicamentos que rondan los cuatro millones de pesos”, indicó Reux en el escrito presentado ante la fiscal. Contrastó esa acusasción con las condiciones económicas y sociales de su familia, que “son precarias”, dijo.
Los detalles
La acción penal fue interpuesta el miércoles por Reux ante la Fiscalía de Investigación Penal Nº 9, a cargo de la subrogante Liliana Beartiz Irala; y llega el número de expediente 5.341/12. La demanda es contra el ministro de Salud Pública, Francisco Baquero; el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Luis Di Silvestre y/o todo “responsable de la Dirección de Administración del Ministerio de Salud Pública de la provincia, y todo otro funcionario de este Ministerio que tienen a su cargo el control de legalidad de las acciones y actos administrativos relacionados con la maniobra de hacer caer las licitaciones entre los meses de junio a agosto del año 2010”.
En esencia, el denunciante plantea una “compra directa al proveedor Progen SA, con domicilio en calle Alsina 1777 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al que Salud Pública le adjudicó una “compra directa por más de siete millones de pesos; como asimismo por la sobrefacturación que este proveedor llevara adelante unilateralmente y sin control alguno de las autoridades del Ministerio por 11 millones de pesos; accediendo solamente con la garantía de un pagaré por 71.000 pesos”.
Asimismo, Reux accionó penalmente contra los funcionarios por “encubrir todo procedimiento interno administrativo tendiente a esclarecer esta irregularidad administrativa, que también es una falta al Código Penal Argentino y al Régimen de Contrataciones de la provincia”. Luego solicitó que se otorgue a la investigación “el carácter de reservado”, ya que “desde el Ministerio de Salud Pública se encuentran llevando adelante actos a fin de contaminar las pruebas, distorsionar los hechos agravando el delito de encubrimiento que se denuncia”.
Sumas millonarias
Reux contó que “ese nombre de Progen era muy familiar, ya que desde agosto de 2010 apareció como proveedor en la Farmacia por una orden del ministro de Salud y con compras por casi 900 renglones”. Señaló al respecto que “esta cantidad de licitaciones eran compras directas que hacía el Ministerio por millonarias sumas”.
‘Lo llamativo es que nunca terminaba con esas grandes compras, sino que además este proveedor tenía diferencias de hasta 20.000 pesos con lo facturado en cada uno de esos renglones. Así también, como no tenía control en sus facturaciones, mucho menos cumplía con la dosificación de los productos médicos que expresamente fueron comprados en compra directa a Progen SA”, afirmó Reux. En ese orden aseguró que “como era una compra directa, nadie controlaba la dosificación técnica, que solamente controlan los farmacéuticos del Ministerio... evidenciando que esta compra fue organizada desde la Dirección de Administración y la Oficina del ministro”.
Otro dato que incorporó el denunciante fue el despido del anterior director Víctor Ruiz, “por oponerse al ministro en relación a la aparición de este proveedor y la caída de todas las licitaciones que provocaron la compra directa a favor de Progen SA”. En ese orden indicó que, desde entonces, el Ministerio ordenó “que no se preadjudique más, logrando así que todas las licitaciones de las empresas chaqueñas se desvaneciesen y generando esta compra directa”.
La Resolución 2.496
Más adelante, aseguró que todos los empleados de Farmacia habían solicitado la investigación de ese proveedor por las irregularidades advertidas. “Nosotros recibíamos la orden de compra del Estado por un monto y las facturas de Progen eran llamativamente diferentes de nuestros documentos”, marcó.
En ese contexto, citó la Resolución Nº 2496/11 del ministro Baquero, que despejaba dudas y aseguraba que “no existen diferencias de precios con este proveedor”. Por eso consideró que existía “un trato privilegiado” con la empresa proveedora, a la cual el Ministerio finalmente “sacó del medio de la investigación sumaria”, mientras que procedió a investigar a los empleados por violación a la Ley 2.017 (estatuto del empleado público). “En vez de investigar al proveedor, se ocuparon en esta resolución de liberarlo de toda investigación interna, encubriéndolo y pasando a investigar a los empleados de Farmacia”, resaltó.

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