Una vecina denunció en la Justicia Penal a los funcionarios de la Municipalidad de Santa Rosa por no hacer cumplir el Código de Edificación. El conflicto surgió en los departamentos construidos en la esquina de Luther King y Paul Harris. Una pericia judicial desnuda la ilegalidad de la construcciones y los incumplimientos de los funcionarios que intervienen.

El detonante de la denuncia -realizada ante la Fiscalía de turno el 17 de septiembre pasado- fueron los problemas que provocó la construcción de unas jaulas en un estacionamiento ubicado en forma antirreglamentaria, ya que la superficie no está declarada. La vecina denunciante tiene tapada la luz solar con esa cochera y los vehículos que allí estacionan.

La presentación no menciona a los funcionarios, pero apunta a la dirección de Obras Particulares. La denuncia fue realizada por María Otilia Pérez Fuentes. Denunció a los funcionarios comunales que resulten responsables de haber sometido al Régimen de Propiedad Horizontal al inmueble de su propiedad -ubicado en la esquina de Harris y Luther King- y haber expedido el libre deuda del mismo.

Se trata de un conjunto construido por la empresa Soave y Arrigone. Después los departamentos pasaron a ser prpopiedad de Osvaldo Oscar Chevez, quien tiene como apodarado a la firma Soave.

Pérez Fuentes relata que adquirió un departamento ubicado en esa esquina. “En mayo de 2008 como el vendedor incumplió con la obligación de escriturar me enteré que el departamento que compré era una construcción antirreglamentaria condicionada a demolición de acuerdo a la ordenanza que rige”, explicó.

“Pero a pesar de eso, el 23 de mayo de 2008 sometió el inmueble al régimen de la Ley 13512 (Ley de Propiedad Horizontal) posibilitando la comercialización en el mercado de una construcción viciada, violatoria del Código de Edificación, y con construcciones no declaradas y en el caso de las jualas sirviendo a su vez de oclusión a las ventanas de locales de primera”, afirmó. “Tiempo más tarde, a mediados de 2009 y mediados de 2011, emitió certificados liberatorios de deuda respecto del inmueble en cuestión”, afirmó la denunciante.

La causa judicial obligó a convocar a un perito. La tarea recayó en el arquitecto Fabio Morales. La denuncia destaca los siguientes puntos:

1) “la obra, desde sus inicios, no ha sido construida conforme a las reglamentaciones del Código de Edificación de Santa Rosa...”

2) “¿cuáles de las unidades funcionales que integran este condominio sería afectada por tareas de demolición?” (pregunta al analizar el expediente el perito)

3) “a entender por quien suscribe el edificio cuenta con irregularidades, las cuales quedan en evidencia en la aprobación del último plano existente en el expediente municipal, a modo de Antirreglamentario. Con lo cual no se podrían haber entregado certificados liberatorios... no sólo no se subsanó la antirreglamentariedad del edificio, sino que se agravó con la construcción de toldos que obstruyen la iluminación y ventilación de los locales habituales, como también se efectuaron divisiones en el espacio de uso común a modo de espacios privados...”

4) “...no es aconsejable ni lícito someter a propiedad una construcción antirreglamentaria...”

5) “las excepciones al código, se tratan y fundamentan cuando son edificaciones de uso propio o individual y no en caso de uso lucrativo inmobiliario puesto que el futuro comprador de ese inmueble, estaría adquiriendo una propiedad viciada en relación a los marcos legales de las ordenanzas municipales vigentes...”

Además el perito Morales copió una nota obrante en el expediente municipal, donde el inspector “expresa que existe una construcción sin autorización (se trata de las jaulas que constituyen superficie cubierta y ocluyen ventanas) aun así se emitieron certificados liberatorio del inmueble, en portunidad de que vendieron sus unidades funcionales los señores Miguel Vincent y Lidia Larrazabal”.

La denunciante concluye: “los funcionarios denunciados sometieron al régimen de la Ley 13512 y más tarde emitieron certificados liberatorios de deudas a una construcción antirreglamentaria condicionada a demolición por poseer locales por debajo de los mínimos de supericie exigidos legalmente, entre ellos una cocina con deficiencias de iluminación y ventilación y un patio de 2da. donde ventilan locales de 1era. (un dormitorio y un comedor ventilan a ese patio cuando legalmente deberían ventilar a un patio de 1era.)”.

Además la denunciante revela que a las irregularidades se suma el hecho de que a la construcción se le concedió una excepción (cuando era vivienda individual aun) para permitirle el estacionamiento vehicular en un área que por la superficie y ubicacion no era apta. “Con ese permiso, los cuatro dueños de las unidades funcionales suscribieron un compromiso de uso mediante el cual se distribuyeron en forma privativa las áreas de descubierto común y superficie común (galería) protegiendo a estos últimos la construcción de jaulas de enrejado metálico y de media sombra. De esta decisión y de la falta de control municipal resulta que vivo con una jaula en la ventana”, afirma Pérez Fuentes.

La Municipalidad por su parte no se hizo presente al momento de la pericia, la que impugnó con posterioridad.

“Estoy viviendo con estas jaulas adelante. Ahora ponen los autos. Hablo con la gente y me dicen que si ponés algo de más te hacen multa o te lo hacen demoler. Esta gente tuvo impunidad”, dijo María Otilia Fuentes Pérez al dar a conocer su caso.