La última acusación contra Joaquín de Rosas apunta a supuestos beneficios que otorgaría a una empleada de Hacienda, con la que se ausenta de su lugar de trabajo para ir al spa de un hotel 5 estrellas. La denunciante asegura que hay tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El ministro Marcelo Costa ya pidió informes.

Una nueva denuncia compromete al fiscal de Estado Joaquín de Rosas. Mientras salen a la luz fallos donde avala situaciones que perjudican a la provincia, una nota presentada al Gobierno señala varias irregularidades con una empleada del Ministerio de Hacienda por incumplimiento de los deberes de funcionario público, presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La nota fue presentada el martes 13 de marzo por Lilian Rodríguez y está dirigida al ministro Marcelo Costa. Apunta a una empleada de su repartición que recibiría beneficios por parte del fiscal de Estado. Según la denuncia, se trata de Emma Rosa Terraza, que desde hace un año tendría el mismo comportamiento llamativo para sus compañeros de oficina: la empleada llega temprano para marcar tarjeta, al inicio de la jornada laboral, pero se retira de inmediato.

"Acto seguido, baja hasta el primer piso de Casa de Gobierno e ingresa con llaves propias al despacho del señor Fiscal de Estado". La escena posterior da cuenta de que ambos, Terraza y De Rosas, se retiran de la Casa de Gobierno juntos.

La denuncia subraya que el comportamiento de Terraza no sería posible sin la complicidad de la jefa de recursos del Ministerio de Hacienda y de otros compañeros de oficina que apañarían la situación.

A su vez, Terraza contaría con otros beneficios otorgados por la Fiscalía de Estado, sin ser personal jerárquico de esa área. En la denuncia se afirma que cuenta con oblea oficial para estacionar su vehículo particular en el sector destinado al organismo contralor. Además, la empleada tendría el teléfono oficial del propio De Rosas, beneficio extensivo a su hija Alejandra Castro y su nuera Aisha Ponce.

[Denuncia contra De Rosas]

"A varios de nuestros compañeros nos ha ofrecido mover nuestros expedientes o sacar dictámenes favorables a cambio de mejorar los equipos de teléfono". Por eso, la denunciante pide al ministro que la Dirección de Telecomunicaciones informe cuáles son las líneas telefónicas destinadas al propio fiscal, los costos mensuales de las mismas y el listado de llamadas realizadas, para constatar lo afirmado.

La denunciante también solicita que se investigue el patrimonio personal de la mujer. Asegura que en un año, cambio dos veces de automóvil: de viajar en colectivo, adquirió dos 0 km, primero un Chevrolet Corsa que luego cambió por un Volkswagen Bora. Y que estuvo de vacaciones durante un mes, junto a su familia, en destinos turísticos caros.

El último punto de la denuncia tiene carácter, más que nada, de una infidencia: "Lo último que nos enteramos es que posee una cuenta corriente en el Hotel Intercontinental, ya que muchas mañanas en horario de 10 a 12, se la puede encontrar en el spa del mencionado hotel, acompañada del Fiscal, que es el que costea dicha cuenta".

Por el momento, Marcelo Costa no hará declaraciones al respecto hasta que tenga en su escritorio los informes que ha pedido en el ministerio para determinar fechacientemente las acusaciones contra la empleada de apellido Terraza y que la vinculan directamente con el responsable de controlar las acciones del Ejecutivo.

De Rosas en el ojo de la tormenta

La situación política del titular del organismo contralor está, por estos días, comprometida. Con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso presentado por la Cámara de Comercio de San Rafael, volvió a estar en el ojo de la tormenta. De Rosas había avalado que el Gobierno retirara a su vez la demanda iniciada contra la Nación por un acuerdo extrajudicial -que incluía a Mendoza en la zona de la promoción-, pero a la luz de los nuevos hechos aquella decisión no hizo más que dejar indefensa judicialmente. Recientemente, la diputada Patricia Gutiérrez sostuvo la posibilidad de reflotar un jury contra el fiscal, proceso del que ya había logrado zafar por el mismo conflicto.

Por otra parte, su desempeño también fue cuestionado por ATE. El gremio denunció en la Legislatura que el fiscal prestó su conformidad a la renegociación de contratos hecha por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos con una firma vinculada al grupo Vila-Manzano. En esta renegociación no hubo proceso de licitación y hasta se amplió concesiones. De Rosas aprobó que Casinos elevara del 26,3 por ciento al 47 por ciento el porcentaje que se queda Mendoza Central de Entretenimiento SA, la empresa de Vila que provee los tragamonedas.

No ha sido la única oportunidad en que De Rosas ha beneficiado los negocios del grupo Vila-Manzano. La Suprema Corte de Justicia tuvo que frenar el pago de una indemnización millonaria por parte del Estado por la expropiación de terrenos de la familia fundadora del barrio Dalvian en la zona del pedemonte. El máximo tribunal señaló la necesidad de investigar a la Fiscalía de Estado por los sobreprecios que el Gobierno tenía que pagar a los Vila, porque perjudicaba al Estado mendocino.