Y es que este (y otros), vendió los lotes a los dos años de adjudicado, a pesar de haberse establecido la prohibición de hacerlo antes de que pasen 10 años.

Los denunciantes, patrocinados por el abogado Santiago Pedroza, pidieron que se investigue a la escribana María Elena Raffel ante la sospecha de que incurrió en el delito de falsificación ideológica, a los jueces de Paz Mirian Raquel Saravia y Oscar Alfredo García por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y a Carlos Mario Pavón y José Miguel Albaizetea, por falso testimonio.

Así se desprende de la denuncia que llegó a manos de Nuevo Diario y que tiene distintos hechos en lo que sustenta el pedido de investigación.

En el caso de Díaz, se lo denuncia como copartícipe del delito junto a Francisco Román Cuellar en tanto este afirmó que entregó las tierras de Tolloche a Díaz mediante una "cesión de derechos". Para los denunciantes esto involucra un "acto simulado de clara falsificación ideológica ya que el contenido no obedece a la realidad". Se indicó que Cuellar "nunca fue ocupante ni poseedor de ningún lote fiscal de Tolloche, siendo el mismo otro testaferro más del diputado Pedro Sández, ya que es su primo hermano".

Entendieron que se intenta "neutralizar la responsabilidad penal de Díaz" en la causa, con una escritura que sospechan, habría sido alterada.

Ante la sospecha se pidió que se "secuestre el libro de acta de registro de firmas de la escribana Raffel del año 2003 que actualmente está en el archivo del Colegio de Escribanos", para allí confirmar si las firmas de esa escritura están hechas durante aquel año, o si fueron fraguadas años después.