La mujer le dijo que tenía orden y permiso por parte del Municipio. Ante la ausencia del responsable, un señor, de nombre Jorge, se presentó como jefe a cargo. El agente municipal mencionó que sabía que la documentación no debía ser mostrada a UTE, pero que sus superiores se lo permitían.

Enseguida, el defensor del Pueblo adjunto labró un acta que fue elevada al secretario de Gobierno, Ariel Ciano. En el escrito le recuerda la recomendación presentada dos meses antes, donde reclamara el efectivo cumplimiento del artículo 7 de la Ordenanza 17.275, para que se sancione a las empresas transportistas; y se solicitaba al área de Discapacidad que se abstenga de entregar, mostrar o exhibir documentación de pacientes. No se trata de un pedido caprichoso, sino que la misma ordenanza la UTE no es agente válido de control o autorización de documentación.

Y señala que “ve con preocupación que luego de muchos años de trabajo para obtener beneficios acorde a derecho para los discapacitados, se vean vulnerado su derecho a la privacidad, dado que bajo complicidad del Estado municipal se le está dando información privada a la UTE El Libertador”.

En la última recomendación se solicitó al secretario de Desarrollo Social, Fernando Gauna –área de la que depende Discapacidad- que instruya un sumario administrativo para deslindar responsabilidades de quien o quienes autorizaron a personal de la UTE a ingresar, cargar y fotocopiar información entregada al Estado municipal por personas con discapacidades para obtener la gratuidad del transporte público.

No sólo no hubo respuesta por parte del Ejecutivo, sino que seis días después se premió a la funcionaria a cargo del área de Discapacidad y Adultos Mayores, Rita González, como directora coordinadora del área específico de Discapacidad, por reestructurarse el ámbito de la Subsecretaría de Políticas Sociales, a cargo de Alejandra Urdampilleta.

La ordenanza 17.275 establece que el discapacitado puede acceder a la gratuidad en el transporte público presentando la documentación en 25 de Mayo 3665. Debe entregar fotocopia del documento de identidad y el certificado de discapacidad. Luego, el Municipio tiene que hacer un expediente y enviar un listado a la UTE , que tiene la obligación de entregar, dentro de las 96 horas, los pases.

“Es una situación que generó siempre mucho malestar: los vecinos venían a quejarse a la Defensoría del Pueblo, también al Consejo de la Discapacidad. La UTE manifestó siempre que había discapacitados que presentaban certificados de discapacidad que no estaban acordes a lo que era una discapacidad”, señaló Azcona.

Surgió enseguida la necesidad de investigar el tema en profundidad. “En varias oportunidades, el gerente de la UTE ha manifestado que los hipoacusicos leves no tendrían una discapacidad como la diabetes o un problemas cardio pulmonares”, detalló.

“¿Cómo accedía UTE El Libertador a este tipo de información, que es privada de la persona con una capacidad diferente?”, interrogó Azcona, quien comprendió: “A mí entender, se estaría violando el habeas data: es información privativa del individuo que no tiene que ser publicada exageradamente”.

Incluso, certificados en manos, desde la UTE enviaron a la titular del Inareps, Nora Tognetti, una notificación en la que señalaban “que había certificados que no serían acordes a una discapacidad”. Es que los profesionales del Inareps o la Zona Sanitaria VIII son los encargados de firmar los certificados. “Parece irrisorio: el gerente de UTE no es un médico que puede cuestionar cuál vale y cuál no”.

El defensor adjunto mencionó que le dio intervención al Colegio de Médico. “Si alguien denuncia que un certificado no tiene validez, es el mismo Colegio el que debería intervenir”, apuntó. “No puede ser que porque las empresas del transporte cuestionan los certificados, como Estado no le demos la gratuidad del transporte”, cuestionó luego.