También elevaron nuevas pruebas que comprometerían aún más al funcionario ya que confirmarían que habría mantenido contacto directo con los verdugos que operaban en el circuito represivo local y reclamaron al Jurado de Enjuiciamiento que ordene su suspensión del cargo.

En diálogo con 0223.com.ar, la Dra. Natalia Messineo, representante legal de los Organismos de DD. HH, recordó que “el Jurado de Enjuiciamiento rechazó el 20 de marzo del 2009 la excepción de cosa juzgada que impuso Hooft y ordenó que se lo someta el juicio político por la comisión de crímenes de lesa humanidad, ante lo cual el Magistrado interpuso en mayo del año pasado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, cuyos jueces –los doctores Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters y Héctor Negri- se excusaron el pasado 6 de mayo de entender en ese recurso”.

“De este manera, –explicó- se demora el proceso porque se tuvieron que sortear otros jueces de la Cámara de Casación Penal, pero además dilataron todo porque tardaron un año en entender que no podían intervenir, motivo por el cual enviamos este jueves un escrito solicitando que se le de un pronto despacho a dicho recurso”.

“Además, interpusimos otro escrito ante el Jurado de Enjuiciamiento denunciando las nuevas probatorias que surgieron en la audiencia del viernes pasado en el juicio a Molina por la declaración de un ex conscripto que dijo concretamente que Hooft llamaba por teléfono y se comunicaba directamente con la oficina de Inteligencia de la Base Aérea donde estaban Molina y Cerrutti, jefes de operativos de secuestros e integrantes de la patota que interrogaban, torturaban y asesinaban a las personas desaparecidas”, aseveró.

En ese contexto, Messineo consideró que “ante la extrema gravedad de lo que denunciamos, el Jurado debería poder convocarse y decidir la suspensión de Hooft en el ejercicio de sus funciones de juez porque es el único caso en el que un Jurado de Enjuiciamiento decidió la apertura de un juicio político y el funcionario sigue en sus funciones”.

LA PRESENTACIÓN

En su escrito, al cual 0223.com.ar tuvo acceso, se expuso que “luego de casi cuatro años de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Judicial Bonaerense, organismos de derechos humanos de Mar del Plata y víctimas del terrorismo de estado, presentamos el pedido de juicio político a Hooft, poco se ha avanzado”.

“Excusaciones de los distintos integrantes de la Suprema Corte, excusaciones de los legisladores sorteados para conformar el Jury, vencimiento de los mandados de los legisladores y nueva conformación del jurado de enjuiciamiento, demora en convocarse al jurado una vez conformado para que se avoque a analizar las presentaciones y las pruebas acompañadas, demora en la realización de la información sumaria”, fueron algunos de los motivos de la mora, según se refleja en el texto.

En ese sentido, se reparó en que “aún no se ha siquiera proveído la prueba, y nuevamente los miembros de la Suprema Corte de Justicia se excusan para entender en la causa”, a la vez que aclaró que “lo grave no es la excusación, podemos decir que es un derecho de los jueces y una garantía para las partes, lo grave es que hayan demorado un año para hacerlo”.

“Fue el 20 de marzo de 2009 cuando el Jurado de Enjuiciamiento rechazó la excepción de cosa juzgada interpuesta por el magistrado acusado (la misma que fue interpuesta y rechazada en la causa penal en primera instancia con confirmación de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la Cámara de Casación) y resolvió “El Dr. Hooft intervino prima facie en diversas causas formadas con motivo de los secuestros de las personas damnificadas (en su mayoría abogados) durante la “Noche de las Corbatas” y en el “Caso Candeloro” y, de acuerdo a lo expresado en la información sumaria producida por la Secretaria de Control Judicial de la SCJBA a consecuencia de los dispuesto por este Jurado, en la sustanciación de las mismas, se habrían cometido irregularidades”, se se señaló.

Y se sentenció: “Se impone dilucidar en la instancia de juicio público ante el Jurado de Enjuiciamiento, si la actuación del mismo en aquella ocasión pudo constituir alguna forma de intervención en delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos. Es por ello que la Suprema Corte tiene la obligación de resolver el recurso planteado por Hooft en un plazo razonable a fin de poder continuar con la tramitación del Jury que hace ya un año se encuentra paralizado”.