A medida que avanza el calendario electoral, crece el debate y las discusiones con respecto a la utilización de la boleta única para los próximos comicios provinciales a realizarse el 7 de agosto.

Esta vez la denuncia fue presentada por el candidato a legislador provincial del Frente Cívico y Social y actual vocal del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), Juan Pablo Quinteros, acusando a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de pagar el doble que Santa Fe en la impresión de las boletas que se utilizarán en las aludidas elecciones.

Y es la misma imprenta

Según Quinteros, basándose en las diferentes acordadas del TSJ de Córdoba y el decreto de Santa Fe, Córdoba va a terminar pagando un ciento por ciento más, y eso que la empresa contratada por Córdoba es la misma que por la provincia de Santa Fe: Artes Gráficas Rioplatenses S.A.

Según el candidato a legislador del Frente Cívico y Social, medidos en metros cuadrados de impresión de papel, con el mismo gramaje y la misma calidad, Santa Fe pagó $ 11,83 el metro cuadrado y Córdoba, según la adjudicación de la acordada número 136 del TSJ, $23,70, con la posibilidad de aumentar el 20 por ciento el presupuesto si la boleta es más grande (tamaño A3).

El Frente Cívico realizó este cálculo basándose en metros cuadrados de impresión y no en el tamaño de la papeleta que utilizará.

“Lo que están haciendo desde el Tribunal Superior de Justicia es un acto claro de corrupción. Les vamos a iniciar un juicio político porque los datos son claros y contundentes, han pagado el 120,34 por ciento más en la impresión de las boletas con la misma empresa que contrató Santa Fe”, advirtió.

Del mismo modo, dijo que “nunca fueron a hablar con la gente que organizó las elecciones hace más de un mes en esa provincia, nunca consultaron a los especialistas ni se molestaron en ver cómo se llevaban a cabo los comicios”.

“Pero cuando hubo que ver cómo se hacía una elección en otro país, todo el tribunal electoral, más el relator, fueron los primeros que subieron a un avión. Es un acto más de que esta Justicia está con el poder de turno”, puntualizó Quinteros.

Asimismo aclaró que “esto lo decimos porque tememos que nos vuelvan a robar la elección como hicieron el 2 de septiembre del 2007, ya que si fueron capaces de robarnos la elección del 2007 también pueden robar con las boletas del 2011”, disparó Quinteros.

¿Qué respondió el TSJ?

A todo esto, el Tribunal Superior de Justicia contestó a esta denuncia a través de la acordada Nº 146 serie C. En sus puntos de explicación, el TSJ sañala los motivos de la contratación en los puntos 1, 4 y 5: “Que, en relación a la diferencia de precio existente entre la contratación realizada por la provincia de Santa Fe, corresponde formular un estudio comparativo en cuanto a las exigencias de la legislación existente entre ambas provincias; 1) de acuerdo con el art. 2, inc. n) de la ley 13.156 de la provincia de Santa Fe, establece que el tamaño del papel es oficio”.

Indicó, en cuanto a la legislación cordobesa, que el art 54 pto. 4 de la ley 9571 “dispone una dimensión de mínima, siendo variable en función de la cantidad que oficialicen listas de candidatos. Para la presente ocasión, la previsión es que la ‘BUS’ exceda el tamaño de papel de la tipificada como ‘A3’, lo que implica una tecnología mucho más compleja, que no existe en Córdoba y exigiendo la utilización de bobinas de papel con desperdicio del recorte, con el consecuente encarecimiento de los costos”.

Seguidamente, señaló que en Santa Fe “se realizó con fecha anterior al último aumento salarial dispuesto en febrero de 2011; 4) la relación del precio total de la adjudicación por la impresión de las boletas en Santa Fe es de $ 11.035.208.- con una cantidad de electores de 2.432.665, lo que arroja una relación precio/elector de $ 4,53, mientras que en la provincia de Córdoba la contratación pretendida es por $ 9.104.815, lo que sobre una cantidad de electores de 2.494.415 resulta una relación precio/elector de $ 3,65”.

“Menos oneroso”

Es decir que “para implementar el mismo sistema -acotó el TSJ-, a la Provincia de Córdoba le resulta menos oneroso que a la provincia de Santa Fe”.

Esta acordada fue la única manifestación que realizaron los integrantes del tribunal. Tras conocerse esta manifestación, Quinteros se comunicó con PUNTAL, para repudiar la acordada del TSJ.

“La bochornosa explicación que intenta el Tribunal Superior de Justicia en la acordada hace que sea aterrador que estos sujetos sean los que administran justicia en la provincia de Córdoba. Nos toman por analfabetos, creen que no sabemos sumar y restar. Van a tener que responder personalmente por el dispendio de los recursos. Son indignos y avergüenza que, en una provincia cuna de los mejores juristas que dio esta nación, estas personas ostenten estos cargos en el TSJ”, concluyó Quinteros.