A estas alturas, se perdió la noción de cuántos capítulos se van inscribiendo en la pugna desatada entre el Gobierno de José Alperovich y la Asociación Bancaria (AB), debido al manejo de los fondos de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia.

En esta ocasión, se abrió un nuevo frente judicial en dicha disputa puesto que el secretario general de la AB, Eduardo Bourlé, presentó una denuncia ante la justicias en contra del interventor de la Caja, Armando Cortalezzi por el presunto delito de malversación de caudales públicos.

Tal presentación se funda en la firma propiciada por el funcionario en torno al convenio con el secretario de Hacienda de Tucumán, Rolando Steimberg, el pasado dos de enero, mediante el cual la entidad financiera estatal adquirió las Letras del Tesoro provincial a los efectos de sustituir la garantía de seguro de los fondos con los que cuenta la CPA, que ascienden a los 172 millones de pesos.

Como se recordará, el pasado 31 de diciembre vencía el plazo para que el Gobierno devuelva los fondos a la institución, pero dado que la ley que habilitó dicha sustitución permite una renovación automática del convenio, el mismo fue efectivizado los primeros días de 2013.

Es dable destacar que tanto esa norma como aquella que le concede a Cortalezzi un "blindaje" al frente de la Caja, pues al ser un legislador en uso de licencia no podría ejercer el cargo, se encuentran también cuestionadas en los estrados judiciales, ya que se las calificó de inconstitucionales.

Entre los aspectos que se manifiestan para justificar la presentación, se hace alusión a la imprecisa demarcación en torno al objeto que se le aplica a los recursos mencionados, puesto que, en un primer momento, el propio Alperovich sostuvo que serían utilizados para pagar el medio aguinaldo de los agentes de la Administración Pública.

En los fundamentos de la demanda, se indica que se pretende tutelar "la regular inversión de los bienes públicos dentro de la órbitaa de la Administración o la ordenada inversión de las sumas destinadas a los gastos. Se quiere asegurar que el dinero que se pone a disposición del funcionario público sea administrado con las finalidades previstas".

Por estos motivos, la denuncia determina se cite a Cortalezzi a prestar declaración en calidad de imputado, se formule el requerimiento de elevación a juicio y se condene al funcionario alperovista al máximo de la pena prevista en el artículo 260 del Código Penal (tres años de inhabilitación).

Además, Bourlé, con el patrocinio letrado de Gustavo Morales, solicitó, que teniendo en cuenta que se configura una situación de gravedad institucional por encontrarse afectada la buena marcha de las instituciones, el inmediato apartamiento de la fiscal de instrucción de feria, Adriana del Carmen Giannoni.

Indicó que esta solicitud se establece "habida cuenta la amistad manifiesta que mantiene con el ministro de gobierno de la provincia, Edmundo Jiménez, quien ‘operó’ para su designación en tal función, por lo que no se encuentra garantizada una investigación objetiva y dentro de los parámetros de buena fe y lealtad procesal con la que debe actuar un representante del Ministerio Público Fiscal".