Tras resaltar que los “incumplimientos son numerosos”, mencionaron “faltas a los recorridos y las frecuencias” fijadas por el municipio la utilización de “unidades viejas”, la carencia de vehículos para discapacitados;la venta de abonos “arbitraria”; actitudes esquivas a las obligaciones tributarias.

“Es deber prioritario de la municipalidad gestionar el cobro de los fondos propios, a fin de no depender de factores externos. Dicha obligación es un correlato necesario de la tan mentada autonomía financiera de los municipios”, advirtió Armella.

Apuntaron que el municipio debería recaudar, como mínimo, los siguientes valores: Tasa por Servicio de Inspección, Control y Servicios Diversos, $2.100.000; Tsa por Desinfección y Desratización, $500.000; y anon por Concesiones de Servicios Públicos $700.000. “Son más de $3.000.000 que deberían ingresar a las arcas municipales si las empresas de transporte cumplieran sus obligaciones tributarias de manera regular”, comentaron.

Ante este panorama, las concejales decidieron requerir informes sobre los siguientes ítems: Los montos efectivamente percibidos por el municipio de parte de las empresas que prestan el servicio de transporte publico. Los montos devengados a favor del municipio y adeudados por las empresas que prestan el servicio de transporte. Medidas adoptadas por el municipio, a fin de regularizar la situación de mora de las empresas, respecto de los tributos mencionados. Si el municipio provee los boletos que las empresas venden a los usuarios. Los parámetros para la determinación de la Tasa por Inspección, Control y Servicios Diversos a Concesionarios de Transporte Público.