Para muchos hombres y mujeres, la identidad es todavía un camino a recorrer, un concepto a completar. Es que en nombre de la “reorganización nacional”, la última dictadura militar los arrancó de los brazos de sus padres y madres, muchos muertos o desaparecidos tras privaciones ilegales de la libertad. Esta semana una testigo puso en evidencia ante el Tribunal Oral Federal 6 la complicidad de la Justicia lomense durante la década de 1970 en la apropiación de niños, en el juicio oral contra los ex represores Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y otros por robo de bebés.

El relato brindado bajo juramento pertenece a la asistente social María Felicita Elías que trabajó durante los años funestos con la magistrada local ‘de menores’ Marta Pons, ya fallecida. Contó cómo la letrada rompió el documento de un niño de 6 meses que había sido apartado de su familia, para darlo en adopción. El nene, con síndrome de down, fue llevado por un policía provincial. “La jueza sale de su oficina en ese instante. Yo estaba ahí, dice ‘quién es’, se le informa, rompió el documento y lo tiró al tacho de basura”, relató la mujer. El pequeño fue internado en el hospital Sor María Ludovica donde falleció meses después, sin haber conocido a su entorno biológico.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, en los primeros tiempos de formación, fueron a dejarle un listado de los niños buscados entre los que estaba ese chico, Emiliano Ginés, de quien ya ningún instrumento acreditaba su verdadero nombre y lugar de nacimiento.

“Estuvieron estas viejas”, fue todo lo que la trabajadora aseguró que Pons dijo sobre ese pedido en una conversación que mantuvo con el entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps.

Ese fue sólo un ejemplo del accionar “perverso” que adoptaba frente a hijos e hijas de las víctimas del terrorismo de Estado. La jueza no pensó en la subjetividad de los hermanos Ramírez -que llegaron al juzgado luego de que su mamá fuera ametrallada por militares y su papá, detenido- porque eran descendientes de “un paraguayo montonero que había desafiado la Constitución Nacional y no merecía recuperarlos” y entonces no “merecían” ser restituidos, relató la testigo. Ella misma elaboró un informe a favor de darle la guarda a una tía paterna, pero no sólo no fue oída por la funcionaria sino que la retó porque ese resultado “no era lo que esperaba”. Entonces los derivó al Hogar de Belén, donde la mayor fue abusada sexualmente. Recién al regreso de la democracia se encontraron con su papá en Suecia, donde se había exiliado.

La jueza cuestionada se jubiló en 1984, un año después del retorno de los votos, y murió en 1994. Su secretario era Guillermo Gordo, su ex yerno y actual miembro del Tribunal Oral 3. Raúl Donadío era otro de los ayudantes de Pons, quien ahora se desempeña como magistrado. Esos datos fueron vertidos porque también se investiga si había una red de complicidad entre los diferentes estrados que recibían casos de niños. Lo que sí sabían los leguleyos era, no sólo la situación en el que esos chicos habían sido separados de sus padres, sino que había personas recluidas clandestinamente. “Hay gente detenida que está en la Cacha”, le escuchó decir Elías a la mujer.

Gota a gota

En paralelo con el esclarecimiento, la campaña “Tu gota de sangre” se aplica en Lomas de Zamora, le aseguraron a LA TERCERA desde la dirección de Derechos Humanos local. Está motivada por el Equipo Argentino de Antropología y consiste en tomar muestras voluntarias para cotejar con la base de datos de los restos hallados de algunos de los 30 mil argentinos detenidos y desaparecidos. Así, saldar la deuda con la identidad que otros robaron.