Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) firmaron una solicitada en la que denuncian la connivencia de la jueza con el pensamiento de los genocidas. El accionar de Álvarez generó suspicacias a partir de una serie de fallos en causas en las que se investigan distintas violaciones a los Derechos Humanos. La magistrada estaba a cargo de la Secretaría Civil y subroga el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, Santa Cruz, por la licencia médica pedida por el Juez Gerardo Daniel Caamaño.

En uno de los polémicos casos, declaró extinguida la acción penal en una causa en la que se investigaban las torturas en las Islas Malvinas contra el ex soldado colimba Carlos Dante Trigoni. En otra causa referida a tormentos a un detenido de apellido Quiñonez, que espera ser elevada a juicio, la magistrada señaló que no se pudo probar que el torturado hubiera participado en actividades "subversivas", dando a entender así que si se hubiera probado el caso se habrían justificado las torturas. La jueza Álvarez es esposa del comodoro Fernando Estrella y nuera del vicecomodoro retirado Luis Estrella, detenido por delitos de lesa humanidad, acusado por el asesinato de los curas tercermundistas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en La Rioja, y quien a su vez es uno de los imputados en la causa que investiga el asesinato del obispo Enrique Angelelli. Estrella también fue condenado a 12 años de prisión por su participación en el '88 en la toma del aeroparque metropolitano con un grupo de la Fuerza Aérea en apoyo al coronel Mohamed Alí Seineldin.

A pesar de los grandes avances de los últimos años, la posición de la jueza Álvarez es replicada en todo el país por otros magistrados que mantienen vínculos y simpatías con los ejeccutores del terrorismo de Estado y que pretenden, así, dar garantías a la impunidad. «