La presidenta de la Autoridad Metropolitana de Transportes Adriana Pérez y tres funcionarios de ese organismo de control del transporte fueron denunciados penalmente por el delito de coacción.
Las trece personas acusan a Pérez y a José Acieto Velarde, Matías Risso y Rodolfo Figueroa de haberles requerido como parte del trámite, que denuncien a funcionarios de la Municipalidad de Salta por haber pedido dinero para obtener las licencias, caso contarrio no serían reempadronados.
Denunciantes
Los denunciantes son Yohana Nerina Díaz, Pablo Ismael Ale, Verónica Alejandra Carrasco, René Faustino Paz, Sandra Raquel Macedo, Matías Sebastián Carrazana, Leonel Carrazana, Fausto Eduardo Choque, Hugo Orlando Díaz, Marcelo Ariel Alvarado, Simón Ortega Valdivieso, Julia Luisa Velásquez y Jorge Federico Satti.
La denuncia expresa que "al presentarnos con la documentación requerida para el reempadronamiento, fuimos atendidos indistintamente por el Dr. Risso y el Dr. Figueroa y Dr Acieto Velarde; enterados de nuestra presencia, por los trámites a realizar, nos hicieron ingresar a una oficina a la cual se apersonó posteriormente la ingeniera Adriana Pérez, presidenta de la AMT y entre los nombrados, nos requerían que para poder reempadronarnos debíamos formular denuncia en contra funcionarios de la Municipalidad de Salta, referida a que nos habían pedido dinero a cambio. Si no hacíamos la denuncia nos decían Pérez, Risso, Figueroa, Acieto Velarde que no íbamos a ser reempadronados y que se iba a dar la orden a la Policía de Seguridad Vial que nos secuestre los vehículos, además de aplicar la caducidad de las licencias en forma inmediata".
La denuncia advierte que la situación se mantiene hasta la fecha privándonos de nuestro trabajo y obligándolos a denunciar a los funcionarios de la Municipalidad para poder prestar el servicio, cuando muchos de nosotros estamos en regla con la documentación que nos exige la Municipalidad".
Dos causas
Cabe recordar que en el Juzgado de Instrucción formal de Quinta Nominación se tramitan actualmente dos causas que fueron unificadas y que tienen origen en denuncias formuladas por la irregular adjudicación de licencias de taxis y remises. Una de las denuncia fue iniciada por el actual concejal Carlos Humberto Saravia, en julio del año pasado y la otra por la Autoridad Metropolitana de Transportes.
Cuando por un convenio entre la Provincia y la Municipalidad se cedieron a la AMT las potestades municipales en materia de transportes, la AMT revisó documentación de la cual se desprendieron irregularidades en el otorgamiento y autorización de transferencias de licencias de remis, situación que fue denunciada ante el Poder Judicial.
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