La decisión de manetener presa a la jueza Afiuni a pesar de los argumentos de la defensa de que la integridad física de la jurista corre peligro, colocan al país al margen de la ley y del derecho internacional , al ignorar la medida de protección que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la jueza.

Así lo indicó al diario El Universal Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

El pasado 11 de enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida de protección urgente a favor de la jueza María Lourdes Afiuni, mediante la cual se le solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de la jueza, que fuera trasladada a un lugar seguro y que se informe sobre las actuaciones del caso .

Por su parte, Bolívar indicó que no es la primera vez que Venezuela desconoce una decisión de los órganos de protección del Sistema Interamericano , y consideró que lo ocurrido con Afiuni parece formar parte de una "tradición" que está tomando el Estado.

Además subrayó que el caso es, si se quiere, "emblemático", pues es la primera vez que un juez es encarcelado por acatar una decisión.

"Ella basa su decisión de la libertad de (Eligio) Cedeño en que el señor tenía más de dos años preso, y de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, una persona que tiene más de dos años sin juicio o le dictan sentencia o la dejan en libertad y ella lo que hizo fue seguir el COPP. Además había una información proveniente del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas en relación con el caso de Cedeño".

Agregó que "entonces estamos ante una cosa más grave. Ya no es el gobierno desacatando, sino que a quien acata lo meten preso (…) Si un juez que acata es metido preso, cómo obligar al gobierno a que acate una decisión a favor de ese juez".