El peronista disidente Romero amplió y ratificó su acusación contra Sassi Colombres. Por el inmueble para que funcione la ART, la entidad paga una locación desde agosto, según afirmó en la Justicia.
En el escrito que dejó la semana pasada en la Fiscalía de Instrucción Penal de la V Nominación (Expediente 38198/11), Romero ratificó que fue indebido el pago por anticipado del alquiler de un inmueble en Tafí del Valle (destinado a la sucursal local de la CPA que actualmente ocupa instalaciones municipales con el régimen del comodato): "creó una situación de inequidad y desigualdad jurídica, al proteger de la inflación a la co-contratante (la propietaria María Eugenia Galindo Chenaut de Danielsen), trato del que no goza ningún contratista del Estado".
En la ampliación de la denuncia, Romero aportó datos sobre un contrato de alquiler de un local ubicado en la calle Catamarca 444 para la Aseguradora de Riegos de Trabajo (ART) de la CPA que, de acuerdo con su criterio, desmonta la explicación que dio Sassi Colombres a LA GACETA, que adujo que el adelanto dispuesto en el caso tafinisto (la Intervención ordenó abonar en dos pagos las 48 cuotas mensuales de $ 11.500) obedeció a que la Caja necesitaba que se hiciesen ciertas construcciones. "Si no pagaba por adelantado, iba a tener que alquilar y hacer las obras a su costa", manifestó el ex funcionario alperovichista.
Dos veces grave
"Esto constituye una falsedad", opinó Romero, que expuso que en el contexto de la locación para la ART -que recibió el visto bueno del TC-, la Caja dirigida por Sassi Colombres sí se hizo cargo de las refacciones. "Para ello, contrata a la firma 3P Constructora e Inmobiliaria SRL por un monto de $ 139.142,44 poniendo en evidencia que las declaraciones (que el ex interventor dio) al matutino no son verdaderas", expresó.
Luego, precisó que, en este caso, la CPA se comprometió también a pagar una comisión de $ 35.937 a la inmobiliaria Ingeniero Pérez Jaime y a alquilar el inmueble al fideicomiso Victoria (representado por el fiduciario Pascual Serafín Sousa) durante tres años por un precio mensual de $ 21.175 para el primer año; de $ 26.015 para el segundo y de $ 32.670 para el tercero.
"O sea que la erogación total de este contrato asciende a $ 1.456.799,44 y que ya se estaría pagando desde agosto de 2011, según el resumen que consta en el Expediente 160/360/11 de la CPA (documento adjuntado al escrito de ampliación de denuncia), sin que este sea utilizado con el fin de la contratación: esto es, el funcionamiento de la ART", fustigó Romero.
E ironizó: "en un acto de generosidad financiera sin precedentes y disponiendo de dineros que no son del doctor Sassi Colombres, se llevarían abonando ocho meses sin utilizar el local de la calle Catamarca 444, lo cual es doblemente grave si consideramos que también se paga el alquiler del local de la esquina de calles Mendoza y Rivadavia donde actualmente funciona la ART por un monto mensual de $ 11.275 hasta el 31 de mayo de 2012, constituyendo lisa y llanamente una administración fraudulenta".
Más críticas
En paralelo, el ex secretario de Transporte del gobierno de Julio Miranda (1999-2003) reprochó otra vez el supuesto incumplimiento de la Caja Popular consistente en omitir informar sobre las condiciones del local tafinisto tal y como lo había solicitado el arquitecto Ángel Logusso en la instancia del control preventivo a cargo del Tribunal de Cuentas (TC) -al respecto, Sassi Colombres manifestó: "hicimos todo lo que el Tribunal pidió. (Decir lo contrario) es una falacia total"-.
Romero, que volvió a criticar el uso del mecanismo de la contratación directa en desmedro de la licitación pública, replicó: "el Departamento Inmobiliario de la Caja expresó que la propiedad se recibe en el estado visto que se encuentra, de modo que las condiciones edilicias actuales son suficientes a los fines de la instalación de la filial. O sea, eludieron la cuestión de fondo, al ignorar el requerimiento de Logusso".
"Sassi Colombres habría causado un grave y serio perjuicio a la administración y a la Caja pactando aumentos en los precios superiores a los que el Indec del benemérito secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, prevé para la inflación de 2012 (en el caso de la filial tafinista) y tomando a su cargo la remodelación del local de calle Catamarca 444 distinto a lo pretendido como bueno en Tafí del Valle. Por ello, considero necesario realizar una profunda investigación sobre lo denunciado", aseveró. Y pidió a la Fiscalía V que lo cite a declarar sobre la denuncia de hechos que, según su parecer, constituirían delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos.
Comentá la nota