La situación fue denunciada por la diputada provincial Liliana Mazone (del bloque Frente Democrático reciente escisión del bloque Salta Somos Todos, representativo del diputado nacional Alfredo Olmedo), en razón que por la aplicación del artículo Nº 16 de la Ley Nacional de Obras Sociales N° 23660, se fija en un 3 % el aporte del personal activo que preste servicios en relación de dependencia.

En el caso de los empleados públicos de la Provincia éstos aportan un 2,5 % más al Instituto Provincial de la Salud que el que abonan el resto de los trabajadores estatales del territorio nacional. La legisladora en consecuencia presentó un proyecto de Ley por el cual impulsa la derogación del artículo 11 inc. 11.1 del Decreto 3402/07, que establece las contribuciones y aportes al IPS.

Entre sus fundamentos, Mazzone menciona la angustiante situación por la que pasan la mayoría de los empleados de la administración pública provincial y municipal, ya que el aumento otorgado a sus haberes ya se ve totalmente devaluado por el alto índice de inflación existente La representante legislativa calificó como "abusivo" el actual aporte del 5,5 % que realiza el personal activo por lo que considera que el Gobierno encabezado por Juan Manuel Urtubey "discrimina a los empleados públicos salteños con relación a los derechos que mantienen los trabajadores del resto del país". También anticipa en su proyecto de ley la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad del decreto mencionado. Reiteró asimismo "que no hay transparencia en la gestión del Ejecutivo provincial y esto se repite en todas y en cada una de las áreas de Gobierno".