terminaron diez años después en manos de una sociedad anónima integrada por familiares del ex gobernador Juan Carlos Romero por sólo 100 mil pesos.

Y a pesar que todas las pruebas están en manos de la Justicia, el caso, junto con otras denuncias similares, quedó dentro un laberinto que permite que 371 días después no haya ningún sancionado, ni definición al respecto.

El origen debe buscarse en 1998, cuando el Gobierno adquirió esas 90 hectáreas a la firma Import S.A., propiedad de Néstor López, un primo de Romero, a cambio de la condonación de la deuda que dicha empresa mantenía con el privatizado Banco Provincial de Salta por 550 mil dólares, más el pago de una idéntica suma, lo que totalizó el millón cien mil dólares.

En ese momento esas tierras iban a ser destinadas al programa Familia Propietaria, pero que en realidad quedaron en desuso sin que se construya ni una vivienda que reubique familias que se encontraban viviendo en condiciones de peligro para la salud, tal como señalaba el decreto 1297/08.

Misteriosamente seis años después, en el 2004, un particular, José Luis Agustoni, se hizo presente en el Grand Bourg ofreciendo 12 hectáreas cercanas al colegio San Pablo, al borde de la autopista a San Lorenzo, por las cuales pedía 1.500.000 pesos y las 90 hectáreas de La Ciénaga.

Solamente doce días se necesitaron para que se apruebe y concrete la operación inmobiliaria.

Pero ese no sería el final del recorrido de las tierras de La Ciénaga, sino que unos meses después, todavía en 2004, Agustoni se las vendió en solamente $ 100.000 a la escribana Cecilia Pérez de la Fuente, socia de Manuel Brizuela, escribano de Gobierno de Romero.

Dicha profesional conformó en 2006 una sociedad, Prados de Atocha S.R.L., que sin embargo aparentemente nunca supo o pudo explotar esas tierras, a pesar que ya habían construido una autopista que las había sacado de su aislamiento original, y las vendió en el 2009 al mismo precio al que las había comprado a Estancia el Carmen S.A., propiedad de Juan Esteban Romero y que tiene como sede la misma dirección que el diario El Tribuno.

De esta manera se cerró el círculo inmobiliario diez años después.

Un llamativo dato fue que Pérez de la Fuente había actuado como escribana en 1999 en la constitución de Estancia El Carmen S.A., y en el 2006 conformó con Gustavo Cinosi la sociedad Loma Balcón S.A, con la que compró tierras que después utilizó Romero para construir su mansión de Castellanos.

Dos días después de conocerse este caso, el diputado de Libres del Sur, Carlos Morello, hacía la denuncia en la Justicia y en paralelo se empezaba a conocer otras situaciones similares, mediante la cual personas relacionadas con el ex gobernador pudieron hacer negocios inmobiliarios con el Estado y convertirse en millonarios en plazos que a veces no superaban las 24 horas, tal como Nuevo Diario reseñó ayer sobre unos terrenos en Mosconi y Cerrillos.

El impulso de las demandas chocó contra la decisión de la Corte de Justicia, que se negó a que todos los casos se unifiquen en un juzgado y dejen de investigarse por separado.

Esto generó que el caso tenga un lento avance, por momento nulo, que desembocó en que dos años después la impunidad continúe como en el primer día.

Asimismo, la Cámara de Diputados conformó una comisión investigadora que concluyó solamente con un reproche por la falta de publicidad de las operaciones.