El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció a sectores de la oposición de estar alentando un golpe de Estado, y dijo que no ordenará a las Fuerzas Armadas que “vayan a reprimir” el motín policial que se mantiene desde hace tres días en varias ciudades del país. “Los opositores buscan que saquemos a los militares para que haya muertos, pero no nos prestaremos a su juego”, señaló Morales en un acto público en la localidad minera de Corocoro.

Morales dijo que tiene informaciones de los servicios de inteligencia, incluso grabaciones de audio, que alertan sobre un plan subversivo que pasa por asesinar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsable de las negociaciones que se realizaron con los amotinados. Según el presidente, este grupo opositor, al que no identificó, “usa a la Policía para ejecutar un golpe de Estado y matar al ministro de Gobierno”.

Un grupo de policías de baja graduación tomó el viernes varios cuarteles en las principales ciudades de Bolivia para exigir mejoras salariales y la anulación de la Ley 101, por la cual se sancionan las faltas disciplinarias. Ayer de madrugada, el gobierno y representantes de los amotinados firmaron un acuerdo, que luego fue desconocido por policías de algunas regiones, que exigieron participar directamente en las negociaciones.

Por ese acuerdo, el gobierno se comprometió a elevar a 300 dólares el salario mínimo de los policías, lo que representa un incremento del 50%, tal como los amotinados habían exigido. Sin embargo, surgieron discrepancias sobre la anulación de la Ley 101. El cabo Alfredo Churata informó a la red radial católica Erbol que los amotinados iniciaron contactos con sus camaradas de los nueve departamentos del país para conformar una nueva comisión negociadora y exigir al gobierno otro marco de negociaciones.

“Existen afanes ajenos a la policía que están provocando violencia (...), no es toda la policía, son sólo algunos infiltrados”, dijo el presidente. Minutos antes, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, había admitido que las demandas de los policías tenían alcance nacional. De hecho, unos 32 mil efectivos de baja graduación dejaron de cumplir sus habituales tareas de seguridad desde que estalló el conflicto.

Pero, más allá de ese reconocimiento, Dávila responsabilizó a los líderes del opositor Movimiento Sin Miedo, que controla la alcaldía de La Paz, la capital administrativa de Bolivia, y a la derechista Unidad Nacional, del industrial cementero y apoderado en Bolivia de la cadena de restaurantes estadounidense Burger King, Samuel Doria Medina, de “propiciar un escenario para desestabilizar al gobierno”.

Los partidos de oposición rechazaron las acusaciones del gobierno, mientras unos 1000 amotinados salían nuevamente a protestar frente a Palacio Quemado, la sede del gobierno, para plantear sus exigencias. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa anunció que los militares saldrán a las calles a realizar patrullajes y otras acciones vinculadas con el control del orden público, pero no a reprimir a los policías amotinados.

“El motín se debe a la errática política salarial y discriminatoria de los policías, nosotros no definimos la política salarial”, dijo Doria Medina, mientras en una inusual aparición pública la representante de la las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, opinaba que “uno de los motivos principales que origina el nivel de conflictividad en el país es la falta de atención a las necesidades básicas de la población”.<