Continúan los coletazos por la difusión de los datos desde las Carteras, tanto de Provincia como de Nación, contrapuestos a las declaraciones de sus titulares anunciando la reducción de la ola delictiva.

En este caso, el bloque de la Coalición Cívica califica como una “falacia” la información oficial otorgada por los mandatarios, en cuanto a la disminución del nivel de inseguridad.

Según la fuerza, “impera un estado de zozobra general en la población distrital bonaerense, ante la posible evidencia de que se habrían manejado los guarismos estadísticos con fines políticos”.

La medida penal se impuso ante la presentación de Julio Alak en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se advirtió “con bombos y platillos” la baja del 37% en cuanto al delito de homicidio doloso en el país desde 2002 a 2008.

No obstante, los posteriores datos publicados por la Dirección Nacional de Política Criminal contrapone la información. Centralmente entre 2006 y 2008, la cantidad de homicidios dolosos en el primer Estado argentino se incrementó el 28%, escenario que no registra antecedente desde la crisis del 2001 y el 2002, cuando se registró un aumento del 22%.

La imputación de la CC exige a la Procuración que se investigue la posibilidad de que funcionarios públicos, tanto de la nación como de la provincia, hayan efectuado delitos de violación a los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.

La acusación solicita un requerimiento para que el gobierno bonaerense informe si se han iniciado actuaciones administrativas y/o judiciales respecto a la posible responsabilidad que le pudiera corresponder a funcionarios de la Provincia.

El punto a dilucidar es la sustancial distancia entre las estadísticas expresadas por los funcionarios (tanto Alak y Casal) y las existentes en los registros oficiales.