La titular del organismo confirmó que se efectivizó la presentación judicial contra el directivo por "Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". En paralelo también informaron de este hecho ante la Cámara de Diputados de la provincia por la injerencia del Estado en la vida institucional de la entidad.
Con el patrocinio del doctor Lucio Portel, ante la Fiscalía y Correccional y de Menores Nº 2, a cargo de Alejandro Chaín, hizo una presentación legal por "Abuso de autoridad e Incumplimiento de los deberes de funcionario público" contra el funcionario público al frente de la Dirección por violarse el derecho fundamental que es el derecho de defensa de la entidad que representa a la tercera edad.
En diálogo con EL LIBERTADOR, la titular del Centro, María de las Mercedes Solís de Zambrano recordó que desde Personas Jurídicas se dictó una resolución, dos días después de un reclamo realizado por un afiliado de San Luis del Palmar en las oficinas del órgano de contralor de las entidades civiles, a través de la cual dejaba sin efecto el acto electoral de renovación de autoridades previsto para el próximo 26 de junio y se instaba a la entidad a realizar un nuevo llamado electoral.
"Con esa notificación que recibimos, la Inspección de Personas Jurídicas no nos dejó hacer uso de nuestro derecho de defensa, que según el Código de Procedimiento indica que teníamos 10 días hábiles para responder a dicha presentación. De esta forma el organismo estatal no requirió, antes de emitir opinión en la cuestión de fondo, la verificación del trámite que se efectuaba, asegurando así el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso".
La doctora Zambrano advirtió además que según como continúe la marcha de la presentación judicial, el Centro de Jubilados podría constituirse en querellante contra el Estado, por los graves perjuicios económicos que estaría ocasionando un organismo estatal a una asociación civil sin fines de lucro como el que ella representa.
Pero más allá de esto, la titular de la institución, que nuclea a la tercera edad correntina, especificó que no habrá elecciones el próximo 26 de junio, "no porque hayan suspendido el acto electoral, sino porque al presentarse una sola lista a la convocatoria y ésta no fuera objetada, no hay con quién dirimir. Sólo resta la proclamación de la nueva conducción, en la que yo estaré al frente", y que adelantó que será en los próximos días, aunque no especificó en qué fecha.
EN CÁMARA DE DIPUTADOS
Por otra parte, la titular del Centro, hizo oficial una presentación ante la Cámara de Diputados de la provincia a través de la cual pone en conocimiento de los legisladores, lo que suponen "es una grosera pretensión de ingerencia del Estado provincial en la vida interno-institucional de nuestra entidad, que es una asociación civil sin fines de lucro (ONG)".
El documento que lleva la firma de la doctora Zambrano, sostiene que "mediante ardides presuntamente legales, el inspector general de Personas Jurídicas en un acto ilegal, arbitrario e inconstitucional suspende el acto eleccionario para la renovación total de las autoridades de nuestra entidad y ordena una nueva convocatoria, pero sin prorrogar mandato (que vence el 6/7/2010)".
Según la titular del Centro esta acción tiene "toda la apariencia de dejar acéfala al conducción de la entidad, y claro está, aparecería el Señor Estado a "subsanar" la misma, decretando probablemente una intervención".
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