El secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, realizó ayer una denuncia penal en la Fiscalía General de la provincia contra funcionarios del Concejo Provincial de Educación (CPE) por liquidar sueldos en forma irregular para personal que no está designado dentro del organismo.

“No existe norma legal donde se indique que se hayan designado a las personas a las que se les está pagando el sueldo en una forma que se llama anticipo de haberes que no figura en la administración”, señaló Quintriqueo y continuó: “Tenemos la documentación donde prueba que hay personas con un monto de 49 mil pesos en total pago en concepto de anticipo, que es irregular, y trabajadores que todavía no perciben el salario por no estar el decreto de designación porque el Consejo atrasó el trámite”.

Las denuncias son contra Agustín Lopatin, director provincial de Administración del CPE, y Luis Alberto Jara, director provincial de Recursos Humanos.

Pagos indebidos

Según consta en la denuncia de ATE, mediante la disposición 034/12 dictada por Lopatin se procedió a autorizar el pago de las liquidaciones manuales que corresponden a febrero 2012, en concepto de haberes devengados y no liquidados por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), realizados por la Dirección Provincial de Recursos Humanos por la suma de 49.800 pesos; y que los montos liquidados en concepto de haberes devengados y no liquidados deberán ser pagados por la Dirección de Tesorería del CPE. La denuncia agrega que cuando se analiza la documentación que genera esta disposición “elevados y luego pagados por Jara se observa que no se trata de sueldos sino de anticipos”.

ATE también realizó la denuncia penal contra Agustín Nievas -funcionario del CPE hasta diciembre de 2011- por transgresión del artículo 261 del Código Penal.

Nievas recibió una suma de seis mil pesos de más en concepto de su aguinaldo de diciembre de 2011. Este dinero no fue devuelto, según afirma la denuncia.

En este hecho ATE también denuncia a Jara y Lopatin porque el “pago indebido no pudo ser realizado sin que los denunciados (Jara y Lopatin) no hayan, al menos, incumplido con sus deberes de contralor porque sus cargos tienen entre sus funciones aprobar, autorizar y controlar esas liquidaciones de haberes”, afirma la denuncia penal.