Concejales de la oposición presentaron una denuncia penal contra el intendente Carlos Mauricio Espínola, porque consideraron que incurrió en incumplimiento de deberes de funcionario público al pretender llevar adelante el proceso licitatorio para la elección de una empresa que recolecte los residuos de la ciudad, al concretar la contratación directa de Logística Urbana SA y al no solicitar que se efectúen estudios de impacto ambiental de ningún tipo.

En este sentido, no solo será investigado el intendente, sino todos los funcionarios municipales que hayan intervenido en el proceso de licitación, y también los propietarios de la sociedad anónima que presta actualmente el servicio de acopio de los residuos.

La presentación, concretada en la Justicia el miércoles último, fue firmada por los concejales radicales Alfredo Vallejos, Claudio Polich y Norberto Ast, quienes, además, presentaron un recurso de amparo en la Fiscalía de Instrucción Nº 1, a cargo de Buenaventura Duarte.

Denuncia penal

“A través de la denuncia penal dimos a conocer las cuestiones que consideramos ilegítimas respecto del pliego licitatorio para la contratación de la empresa recolectora de residuos, y por otra parte, solicitamos a la Justicia que obligue al intendente a dirigir el proceso al Concejo, para que se dé el tratamiento correspondiente”, explicó el concejal Vallejos, en diálogo con La República.

El edil radical añadió que en esta solicitud también se pidió que investiguen cuestiones vinculadas a la contratación directa de la empresa Logística Urbana, ocurrida el 15 de agosto último, dado que considera que existen aspectos “poco claros” en su realización. “Queremos ver el contrato, saber cuáles son los fundamentos que llevaron a la Municipalidad a contratar a esta empresa, teniendo en cuenta que no tiene antigüedad en el rubro, entre tantos otros aspectos”, sentenció Vallejos, quien además consideró que “el procedimiento que se llevó a cabo es contrario al ordenamiento jurídico”.

Recurso de amparo

En cuanto al recurso presentado, su autor recalcó que “en esta presentación, se puso en conocimiento de la Justicia todas y cada una de las incongruencias del pliego, y por qué, haciendo el análisis, consideramos que es una concesión disfrazada de contrato de locación, por lo que no tenía otro camino que pasar por el Concejo”.

“Este proceso estuvo direccionado a Logística Urbana en todo momento. Si así no fuera, por qué motivo cuando se declaró el estado de emergencia, no decidieron continuar con Sadoyeav, empresa que hacía más de 20 años prestaba el servicio. Pues no, optaron por una firma nueva que tiene cero antecedentes y experiencia”, dijo.