Rubén Martí fue el primero en reglamentarla por ordenanza, pero un par de semanas antes de entregar el mandato y tres meses después que sin concurso alguno efectivizó a 1.500 empleados.

El segundo intento fue de Germán Kammerath, en 2003, poco antes de entregar el poder. Juez, ya candidato y con un triunfo seguro como indicaban las encuestas a mediados de 2003, bloqueó la ordenanza aduciendo que, como decía la plataforma electoral de su partido, él iba a realizar esos concursos en forma transparente.

Seguramente Juez, menos que nadie, tiene autoridad para hablar de transparencia en el ingreso a la administración pública. Tanto es así que su denuncia -independientemente de su consistencia o no- parece una humorada más del senador nacional.

Cuando asumió en el cargo de intendente, el 10 de diciembre de 2003, comenzó un lento y sostenido crecimiento de la planta del Palacio 6 de Julio, malversando el régimen de pasividad anticipada que puso en la Caja de Jubilaciones a 2.000 de los 7.500 empleados.

La sobrecarga en la Caja se justificaba en el objetivo: reducir los planteles públicos. Pero Juez tomó esto como una franquicia para estructurar profesionalmente con sueldos municipales su incipiente aparato partidario, completando la planta de 5.500 que le quedaron con 4 mil nuevas designaciones.

La plataforma del Partido Nuevo en 2003 incluía concursos abiertos para ingresar a la Municipalidad, pero ninguno de los millares que ingresaron lo hicieron con otro mérito que el índice jefe comunal.

Tan torpe fue el movimiento que sumó un nuevo problema al original de cantidad de agentes: la descualificación de la planta. Baste con recordar dos hechos absolutamente probados:

• No conforme con “profesionalizar” al Partido Nuevo también profesionalizó al equipo de fútbol en él que revistaba como marcador de punta, Los Matadores, designando a siete de sus integrantes como empleados municipales. Un miembro de su Gabinete de máxima jerarquía recordó ayer, off the record, que había decidido no acompañarlo más a los partidos porque cada vez que regresaban, volvían con uno o dos empleados más. Incluso un hombre que ya no milita en el juecismo confesó que Juez se reía en privado porque no habían sido siete sino 28 las personas de la liga a las que había llevado a un empleo municipal. Todos los medios de Córdoba tomaron esta información publicada como primicia por LA MAÑANA. La excepción fue La Voz del interior, y eso que La Nación lo llevó a su publicación de circulación nacional con un amplio desarrollo.

• Del otro episodio contrastable documentalmente pueden dar fe los 56 recursos administrativos que hay en la Municipalidad de otros tantos empleados con antecedentes penales contratados en los años de Juez, por haber adulterado el certificado de buena conducta que exige el procedimiento de admisión. Daniel Giacomino ha amagado en reiteradas ocasiones con despedirlos con causa, pero después ha negociado esta decisión con el sindicato municipal. El único que no pudo escapar a la pérdida del puesto de trabajo fue un contratado hijo de un dirigente del Suoem, pero no por mérito del carácter resuelto de Giacomino sino porque fue llevado a Bouwer.