Dicen que el Gobierno los persigue para atacar a su madre, la directora del diario Clarín
Los dos jóvenes, de 34 años y cuya identidad es cuestionada por el Gobierno, por las Abuelas de Plaza de Mayo y por dos familias de desaparecidos, afirman que se "sienten perseguidos" por quienes "tienen la necesidad política de inventar acusaciones contra Ernestina Herrera de Noble" y afirman que sus identidades "vienen siendo manoseadas" para intentar cuestionar un vínculo filial que "nada ni nadie podrá destruir".
Mediante esta publicación, Marcela y Felipe, que fueron adoptados legalmente por la directora de Clarín en 1976 ?la Justicia nunca le imputó haberse apropiado de ellos?, hacen públicos los argumentos que vienen exponiendo, desde hace años, en una causa judicial en la que ellos no se rehúsan a hacerse estudios genéticos, pero piden que estén rodeados de garantías que la Justicia todavía no les asegura.
Ayer, los hijos de Herrera de Noble presentaron un recurso extraordinario para que el tema pase a estudio de la Corte Suprema.
La causa por la identidad de Marcela y Felipe comenzó en 2000, con una denuncia presentada por dos familias que dicen ser abuelos de los jóvenes. Luego se sumaron las Abuelas de Plaza de Mayo.
Los jóvenes se ofrecieron a someterse a un estudio genético en el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende del Poder Judicial y todas las instancias judiciales convalidaron ese procedimiento. El estudio en el CMF se hizo en diciembre.
Pero los querellantes, que siempre se negaron a practicar la contraprueba que ellos habían pedido, aprovecharon que en noviembre último el Congreso aprobó tres leyes que crearon el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), en la órbita del Poder Ejecutivo, y redoblaron el desafío: a fin de año, el juez federal Conrado Bergesio allanó los domicilios de Marcela y de Felipe, secuestró material genético y ordenó hacer los estudios comparativos en el BNDG.
En un escrito presentado el 8 de febrero, Marcela y Felipe pidieron que la Justicia declare inconstitucional tales leyes, porque el BNDG, que opera en la órbita del Poder Ejecutivo, no puede actuar como un perito imparcial, y reiteraron su posición de hacer el estudio en el cuerpo técnico del Poder Judicial.
Pero, para el caso en que su planteo sea rechazado, basándose en un dictamen de dos peritos de primer nivel, reclamaron que el estudio que se practique en el BNDG pueda estar sujeto a contrapruebas.
Así, solicitaron que deben tomarse recaudos para eliminar cualquier error (un falso positivo) y que los peritos puedan comprobar que los datos genéticos contra los que se comparan los de Marcela y Felipe no están falseados y correspondan a una persona identificable.
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