“Nos vimos coaccionados a firmar un acta-acuerdo a través de la cual se nos impuso mantener el status quo imperante al momento de nuestra llegada a la gestión”.

Así definió el subsecretario de Recursos Humanos de la Dirección General de Educación de la Provincia, Claudio Crissio, “las condiciones” en que las autoridades de esa cartera -que encabeza Nora De Lucía- firmaron con varios gremios, hace tres semanas, un acta en la que asumieron el compromiso de cumplir con varios reclamos laborales. Con ese acuerdo, centrado en dar marcha atrás con una quita en el pago de horas extras, se levantó una toma de la sede educativa que durante 11 días protagonizaron centenares de empleados administrativos.

Crissio declaró ayer como testigo ante el fiscal platense Marcelo Romero en la causa iniciada por presuntas irregularidades en el pago de horas extras en la cartera educativa bonaerense. Y en ese marco no sólo se refirió a la situación en que se firmó el acta mencionada, sino que denunció un grave episodio de violencia registrado anteanoche nuevamente en la sede de Educación, y sobre el que este diario informó en su edición de ayer.

Sobre la situación durante la toma de comienzos de octubre, el funcionario habló del “alto grado de violencia que tenía el conflicto”; contó que “nos cortaron la luz y el agua”; y que “cada vez que salíamos (los funcionarios) no sólo nos insultaban sino que nos lanzaban elementos contundentes”. Señaló que “debimos acudir a la fuerza policial para poder retirarnos del edificio para salvaguardar nuestra integridad física”, y tras dar otros detalles consideró que “ello configura el grado de violencia que iba adquiriendo la toma” y “la presión a la que fuimos sometidos”.

Luego, el funcionario dio detalles del incidente registrado en la noche del miércoles, cuando, como adelantó EL DIA, alrededor de un centenar de empleados liderados por integrantes de la Junta Interna de ATE se reunió en el hall de la sede de Educación para reclamar “el pago de las horas extras de octubre”.

Según su denuncia, en un momento “aumentó el nivel de violencia e irrumpieron en los pasillos que conducen al despacho de la ministra donde yo me encontraba, y fui abordado de manera muy agresiva por parte de al menos 5 ó 7 personas que, previo empujarme contra una de las paredes, me exigían firmar una acta en la que reconociera las horas extras ‘como compensación salarial’, mientras lanzaban insultos contra la ministra, amenazando en forma textual ‘vamos por la ministra, vamos por todos’”.

Crissio agregó que “mediante empujones y golpes, los manifestantes” le exigieron que les diera la tarjeta magnética de apertura de puertas, y que otro grupo “ingresó violentamente al despacho de la ministra, quien ya no se encontraba allí, ya que se vio obligada a refugiarse en dependencias de la Sala de Asesores”.

Tras detallar la presencia de otros funcionarios en el lugar, el subsecretario dijo que hay una filmación que “ilustra la maniobra de coacción y restricción de la libertad que ejercieron los agresores”, y señaló que “estando en peligro la integridad de todos” los presentes, “en especial de la ministra” De Lucía, se vio “coaccionado y obligado a suscribir el acta” que reclamaban los manifestantes.

Vale señalar que tras esa declaración el fiscal Romero le ordenó al jefe de la Policía, Hugo Matzkin, que le otorgue custodia a De Lucía y los funcionarios de Educación.

Por otra parte, anoche se comunicó con este diario Miguel Ciapina, de la Junta Interna de ATE de Educación, quien afirmó que “no se golpeó a nadie”, aunque admitió que “se lanzaron insultos”, mientras que otras fuentes de esa comisión gremial anunciaron un paro del personal administrativo para miércoles, jueves y viernes próximos.