La visita del ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal ayer a la Cámara de Diputados disparó otras críticas por parte de la oposición, que apuntaron específicamente a anomalías detectadas en el esquema de gastos del programa de investigaciones judiciales de esa cartera.

Desde el bloque de la Coalición Cívica, la diputada María Gainza denunció subejecución de fondos en ese plan destinado al combate del delito complejo, como el que actuó en el caso del crimen de Candela Rodríguez.

El programa, detalló, tiene asignado para este año un crédito de 488.500 pesos, de los cuales sólo se utilizaron durante el primer trimestre de 2011, 13.930 pesos, el 2,85 del monto presupuestado.

A través de un pedido de informes, Gainza exigió que el ministerio de Seguridad detalle "cómo funciona el programa, qué cantidad de agentes emplea y las razones de su casi total inejecución durante el primer trimestre del año".

En los argumentos del proyecto, la legisladora explicó que "aunque la inseguridad es una problemática que afecta intensamente a la Provincia, gran parte de los delitos que se denuncian no logran resolverse. Por eso es clave la ejecución del programa de investigaciones judiciales".

A través de la solicitud de informes, Gainza pretende saber cuál es la unidad ejecutora responsable de dicho programa, la dotación de personal afectado a su ejecución y qué relación lo vincula con el Ministerio de Seguridad".

Por último, la legisladora busca conocer "la tipología de investigaciones que se ejecutan con los fondos afectados al programa".

El pedido de informes de Gainza fue impulsado en medio de críticas de legisladores de su bloque a la política de investigación criminal de la Provincia que, dijeron, "no está dando resultados".

Los cuestionamientos fueron lanzados por las diputadas de la CC Liliana Piani y Natalia Gradaschi, quienes pidieron que el Ejecutivo "replantee" esta tarea.