El peronista disidente Enrique Romero presentó ayer una denuncia en la Justicia Federal para que se investiguen presuntos actos ilícitos de espionaje, inteligencia y persecución política sobre empresarios, gremialistas y dirigentes políticos y sociales de la oposición, cometidos por el Gobierno de la provincia.
Según la denuncia, esas actividades serían ejecutadas por el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía (D-2) y de una agencia de seguridad extranjera denominada SIA (Security and Intelligence Addvising), que estaría integrada por agentes del Mossad (Servicio de Inteligencia de Israel) y fue contratada por el PE. Romero recordó que "para la Ley, la pinchadura de teléfonos sólo puede ser ordenada por un Juez y, a pedido de un Fiscal, y este trabajo debe ser realizado por personal de observaciones judiciales, dependiente de la Secretaría de Inteligencia (SI)". Por otro lado, sostuvo que la Ley 25.520, en uno de sus puntos sobresalientes, indica que "en todo el ámbito nacional, sólo tres dependencias podrán desarrollar tareas de inteligencia: la SI (ex SIDE), que depende de la Presidencia de la Nación; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaria de Seguridad Interior de la Presidencia, y la Dirección Nacional de Inteligencia y Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa".
En su presentación, Romero señaló que “el contrato original con SIA, se habría celebrado con el señor Nabir Amar, quien además habría provisto al gobierno de Tucumán de un portafolio con un sistema de barrido telefónico, denominado Valija de intercepción y monitoreo para celulares, modelo GSM-SCL, con capacidad para rastrear e interceptar de manera paralela y simultánea 50 celulares, conforme el orden de prioridades previamente suministrado por el cliente."
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