Las fuentes, que fueron sumamente escuetas, indicaron que la presentación del BLP fue realizada en una fiscalía penal, aunque no supieron dar más detalles de su contenido.

Bravo viene siendo cuestionado desde hace tiempo por la oposición veinticinqueña nucleada en la Multisectorial -que incluye a gremios y partidos políticos, entre ellos el PJ-, no sólo por la falta de transparencia en los manejos públicos, sino además porque no presenta balances ni rendiciones de cuentas al Concejo Deliberante. Ello provocó, hace dos meses, que el propio Gobierno provincial resolviera suspender momentáneamente el envío del dinero por regalías hidrocarburíferas porque el jefe comunal no presentó las rendiciones desde 2008. El municipio, en forma mensual, recibe un millón de pesos por disposición de la ley que dispone el pago de regalías a las localidades productoras.

La situación había llegado a tal punto que la presidenta del Concejo, Miriam González, planteó que estaban dadas las condiciones para que el Departamento Ejecutivo sea intervenido; recibiendo como respuesta del ministro de Gobierno, César Rodríguez, que el cuerpo deliberativo tenía las herramientas legales para implementar esa medida extrema.

Anoche, este diario consultó a voces del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, quienes dijeron desconocer la existencia de la denuncia del Banco de La Pampa.

En las últimas semanas la tirantez con Bravo alcanzó también al Gobierno porque luego de alcanzarse un acuerdo con un grupo de desempleados para conseguirles puestos de trabajos en las empresas petroleras y abrir una Oficina de Empleo que quedaría bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos; el intendente respondió con piquetes de desocupados "oficialistas" que están siendo encabezados por el director de la Oficina de Empleo municipal, Oscar Urrutia.