La presentación formal fue consecuencia del procedimiento seguido por funcionarios de esa provincia durante el polémico allanamiento a una finca olivícola de Valle Viejo, en donde supuestamente se explotaba a cosecheros.

La postura de Catamarca es que Chaco hizo un "avasallamiento" en materia laboral, ya que la Subsecretaría de Trabajo, de donde depende Inspección Laboral, no fue informada sobre el procedimiento. Normalmente, si se sospecha alguna transgresión en materia laboral, se realizan interconsultas y operativos conjuntos, algo que no habría sucedido en esta oportunidad.

De acuerdo con lo que se informó desde el área a cargo de Jorge Zar, el tema fue llevado para su tratamiento en comisiones del Consejo, y será abordado en abril durante el plenario que se hará en San Juan. La Provincia buscará que el órgano que agrupa a todas las áreas de Trabajo del país, objete formalmente el procedimiento chaqueño.

En tanto, y tras la liberación de Ernesto Álvarez Morales, la causa por presunta trata de personas quedó con un solo detenido. Se trata de un hombre de apellido Lapenta, dueño de la empresa que contrató a los cosecheros chaqueños y los trajo a trabajar a la provincia. La jueza que ordenó el operativo debe resolver todavía su situación procesal.