Stornelli había vinculado a policías con tres crímenes. En el expediente, de 300 páginas, no surgen conexiones entre los homicidios de tres mujeres en el GBA. Menos aún, que los asesinos hayan sido reclutados por efectivos desplazados de la Bonaerense.
La sospecha del Ejecutivo bonaerense surgió luego de que, en apenas tres semanas (entre noviembre y diciembre de 2009), tres mujeres resultaran asesinadas en distintos puntos del conurbano. Fueron episodios muy violentos, unidos por el común denominador del robo de autos, que derivaron en protestas vecinales con cuestionamientos muy fuertes a las políticas de seguridad del gobernador Daniel Scioli.
Desde el Ministerio de Seguridad, dirigido por Carlos Stornelli, se dijo que había una "organización" que dirigía los delitos en busca de incentivar la protesta social. La denuncia resultaba contemporánea a las reformas que Stornelli tenía en ejecución en el área de Delitos contra la Propiedad Automotor de la Policía Bonaerense, incluido el desplazamiento de jefes e inspectores. Una intencionalidad que apuntaba a supuestas venganzas de los efectivos desplazados.
Los crímenes de Renata Toscano (en Wilde), de Sandra Almirón, (en Derqui) y de Ana María Castro, (en Lanús) habilitaron entonces el inicio de una causa judicial para el hallazgo de evidencias sobre el complot.
Algunas detenciones vinculadas a estos casos permitieron determinar que no había ligazón entre los tres episodios. Después de evaluar todas las actuaciones, los funcionarios judiciales actuantes no encontraron elementos probatorios "para conectar" los tres hechos criminales con un objetivo común. "La única conexión es esta: extrema violencia, las víctimas son mujeres, no hubo concreción de robo, ocurrieron en el conurbano y la temporalidad fue de pocos días", explicaron a Clarín en los Tribunales platenses.
¿Qué contiene el expediente de la causa que investiga el fiscal Marcelo Romero? Hasta ahora, una denuncia presentada por Stornelli donde plantea que las medidas adoptadas en la División Delitos contra la Propiedad Automotor "cercenó negocios espurios". Remite a actividades ilegales como "venta de formularios con sobreprecios, verificaciones fuera de planta y connivencia entre personal de las dependencias y delincuentes comunes". También figuran los testimonios del propio ministro, del jefe de la Policía, Juan Carlos Paggi, y del ex director de Investigaciones, Paul Starc, entre otros funcionarios. Todos ratificaron la hipótesis, aunque no aportaron datos.
El fiscal Romero incorporó copias de las causas que se tramitan en los juzgados de Pilar, Quilmes y Lomas de Zamora por los homicidios de las tres mujeres. "En alguna de ellas se avanzó con la detención de menores y mayores, pero no encontramos vinculación entre los imputados y tampoco con personal policial", aclararon en la fiscalía.
De acuerdo con la explicación del gobierno provincial, "la probanza es dificil y de muy compleja resolución". No obstante, aportaron este dato para sostener la teoría de la desestabilización: "A partir de la denuncia del complot, automáticamente cesó esta modalidad delictiva".
Romero considera que comprobar una conspiración de naturaleza tan gravosa como la denunciada, "resulta muy dificultosa una vez concretada, como en los tres casos citados". "Se necesitaría -agregó el funcionario- un informante o alguna evidencia que surja de escuchas telefónicas legales o un conspirador arrepentido". Ninguna de estas variantes tiene registro en las 300 fojas que evalúan en la fiscalía N° 6 de La Plata.
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