Denunció nuevas subas en tarifas de telefonía celular

Frente al nuevo aumento de las tarifas de telefonía celular, anunciada por las empresas que operan en el país, desde la Defensoría del Pueblo, requirieron que se apliquen urgentes cambios en el marco regulatorio; a la vez que se volvió a plantear que la prestación de telefonía celular sea declarada servicio público.
El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, informo que pedirá el acompañamiento y apoyo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina- ADPRA con la finalidad de que se arbitren todas las medidas de hecho y de derecho necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones, como así también ante la CNC , ambos estamentos dependientes del ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios.

Menciono el funcionario, que el Estado debe facilitar la apertura de otras prestatarias para una mayor competencia, entre operadores y también que la portabilidad numérica que juega un papel preponderante, se aplique definitivamente en nuestro País.

Hoy; nuevamente las empresas de telefonía, que tienen exorbitantes ganancias, vuelven a aumentar sus tarifas y, como se puede apreciar, se van turnando. Por ejemplo, Claro, que no había producido modificaciones de costos en el último semestre como lo hicieron Movistar y Personal, ahora autoriza un incremento promedio del 10 por ciento; y Movistar, cuya última alza fue en agosto 2010, anunció otros incrementos que van del 5 por ciento, 15 % y hasta el 24 %. Telecom ya actualizó sus costos. Se denuncio por otro lado que la alta concentración en tan sólo tres proveedores principales –dos de los cuales, asociados, tienen casi el 70 % del mercado, la penetración en la mayoría de los hogares, la cantidad de usuarios –que en casos se ha tornado un elemento imprescindible y los incrementos que en el último año superan ampliamente el 40 %; determinan que el tema de la telefonía celular deba ser abordado por las áreas pertinentes del Estado.

Desde el -Área de Defensa del Consumidor-, se indico que el problema está centrado en la normativa vigente, la Resolución N º 490/97 emitida por la Secretaría de Comunicaciones, que no le da al Estado la potestad de efectuar los controles tarifarios, ni el llamado a Audiencia Pública para autorizar las subas.; todo esto debe ser modificado.

Únicamente existe en forma complementaria, la iniciativa de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) girada a distintas Asociaciones en forma de borrador de consulta, para mejorar la calidad, la precisión informativa y la atención a los clientes y finalmente desde la Secretaría de Comunicaciones dictar una resolución al respecto.

También se informo, que en el caso de los planes que ofrecen las empresas, el 90 por ciento de los clientes elige sistemas prepagos (tarjeta) y el 10 por ciento restante, opta por sistemas pospago (abono combinado o libre); si realizamos una comparación de costos entre el sistema prepago (tarjeta) y pospago (abono): una llamada mediante la primera modalidad cuesta 0,60 centavos en promedio contra 1,60 peso para quienes recargan tarjetas. La diferencia también es también muy marcada con los mensajes de texto: 0,25 centavos contra 0,48 centavos, respectivamente.

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