Según las fuentes consultadas por El Esquiú.com, la mujer realizó una denuncia penal fundamentando su acusación en el “escaso” parecer existente entre su hija y sus progenitores, quienes en dos ocasiones concibieron mellizos.

Las sospechas de la madre de la beba de dos años - ella y su hermanito nacieron en 2010 - recaen sobre el personal médico que la atendió en aquella ocasión en el Hospital de Santa María, donde fue atendida durante todo el proceso del parto y postparto.

Ante estas fuertes sospechas y también ante el posible conocimiento de un previo y tristemente célebre caso anterior (véase el apartado “De lesa humanidad”), la mujer se presentó en las oficinas de la Fiscalía de Santa María para pedir que se realice el respectivo estudio de filiación con la menor, con el fin de determinar la relación de maternidad-paternidad.

Este análisis consiste en la toma de muestras de material genético del padre, la madre y el niño, que deberá ser cotejado por peritos especialistas a los fines de esclarecer la situación.

De concluir el estudio con resultados negativos, corresponderá a la Justicia - en este caso la Fiscalía a cargo de Marcelo González - investigar la responsabilidad del personal de salud que intervino en el parto de la muchacha para determinar el grado de responsabilidad que podría caberles en un eventual escenario de acusación por la sustracción y la apropiación indebida de la beba.

De lesa humanidad

Un caso similar en algunas aristas se registró hace ya quince años en Catamarca, aunque el final de esa historia fue radicalmente disímil por lo trágico y por las dilaciones que sufrió en manos de la Justicia provincial.

Década y media atrás, Adriana Avellaneda denunciaba ante las autoridades que su hijo había sido sustituido por otro bebé durante los días posteriores al parto, para luego ser enviada a su casa por palabra de los doctores con un hijo muerto en sus brazos.

En aquel momento, la causa sufrió dilaciones por motivos de distinta índole, empezando por la competencia judicial que debían arrogarse los en ése entonces juzgados de Instrucción.

A pocos días del hecho, el juez Edgardo Álvarez había resuelto que la investigación fuera llevada adelante por un oficial de la policía, quien delegó a su vez en un agente de la fuerza; finalmente el oficial a cargo no resolvió absolutamente nada.

Luego, durante casi dos años la causa quedó suspendida sin que se realizaran avances en la investigación - aunque se contaba con los testimonios vitales de la madre y de la familia -, sin incorporar nuevos testimonios ni pruebas. Recién en mayo de 1999, a dos años de la denuncia, se exhumó el cadáver del niño enterrado para realizar un ADN, estudio que confirmó que no era hijo de Avellaneda.

Hasta 2001 tampoco se registraron aportes a la investigación sobre el paradero real de Franco Nicolás Avellaneda, momento en el cual el nosocomio donde nació el bebé admitió la hipótesis del cambio de bebés.

Al tanto de ese dato no menor, promediando 2001 se realizaron dos exhumaciones de cadáveres de niños: una niña que nació muerta y el de un niño que murió al nacer. El objetivo de la exhumación era la comparación del material genético restante que pudiesen brindar los cuerpos. No obstante, los análisis arrojaron resultados negativos y la hipótesis, por razones desconocidas, fue desechada de la investigación.

A partir de ese momento, toda prueba exigida por la defensa se desestimó; una de ellas la lista de recién nacidos del hospital San Juan Bautista durante en el periodo marzo-abril de 1997, para que se les realizaran muestras de ADN y fueran comparadas con los caracteres genéticos de Adriana.

Además, como dato al margen de la investigación pero concerniente de plano al caso, se habló por momentos de un informe que daba por existente documentación sobre el caso que se quemó, perdiéndose para siempre datos de alto valor para esclarecer el hecho. Finalmente en 2006, con el cambio de jueces por fiscales, la investigación tomó un nuevo envión de mano del en ese entonces fiscal Juan Pablo Morales. Sin embargo, no hubo resultados positivos en el caso.

En 2011, los defensores de Adriana Avellaneda, los abogados Herrera y Abrebaya, decidieron demandar al Estado provincial por una suma total de 800.000 pesos en concepto de pérdida de chance o posibilidades futuras y daño moral. El Juzgado Civil a cargo de la causa llegó a un veredicto en mayo de 2011 obligando al Estado a abonar la suma de 150.000 pesos para resarcir a Avellaneda.