Mal manejo de los fondos y uso indebido de los elementos brindados por el Estado nacional para hacer el relevamiento de las tierras que ocupan comunidades indígenas, son situaciones que surgen de un informe preliminar realizado por personal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ante las demoras que se detectaron al momento de solicitar los informes del relevamiento de tierras indígenas, trabajo enmarcado en la Ley Nº 26.160.
El uso de una de las camionetas que estaban destinadas a la realización del relevamiento de las tierras de las comunidades, y según constaría en la causa iniciada, fueron en "circunstancias ajenas a los trabajos previstos para el relevamiento territorial uno de los vehículos adquiridos exclusivamente para el desarrollo de las tareas comprometidas con dicho relevamiento".
Los datos que surgen de un informe preliminar de los agentes del INAI, indican que el yerno de uno de los miembros del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), había levantado gente en el barrio Norte Grande el 20 de diciembre, para ir a ver un partido de Central Norte. El chofer, también dentro del programa del Equipo Técnico Operativo (ETO), habría levantado en la caja de la camioneta unas 10 personas del barrio (que no eran de comunidades indígenas) para llevarlas al partido.
Las declaraciones de algunos testigos sostienen que la camioneta iba a 80 kilómetros por calles internas al barrio. El chofer dobló violentamente en una esquina, y las personas que iban en la caja cayeron de la camioneta. A pesar de ello, el chofer siguió su camino sin atender a los accidentados. Fue allí que uno de los que iban en el viaje cayó y sufrió un "traumatismo encéfalo craneal grave", que hasta ahora implica que no reaccione "a estímulos (estado vegetativo), necesitando atención continua, y estimando que "su estado" sea "irreversible".
Embargo por $550.000
Al iniciar la demanda en el Juzgado Civil de 1ª Nominación, se ordenó un embargo sobre la cuenta bancaria del IPPIS por 550 mil pesos. El dinero se destrabó cuando el IPPIS se presentó pidiendo la sustitución del embargo del dinero en reemplazo de las 4 camionetas que eran las utilizadas por el programa de relevamiento de tierras.
El INAI pidió la investigación luego de que en septiembre de 2010 se detectara que desde el IPPIS se había incumplido con la entrega de 70 carpetas técnicas del relevamiento, lo cual se había acordado entre el INAI y el ETO (perteneciente al IPPIS), en abril. Al preguntar las razones de este incumplimiento desde el ETO y el Consejo Provincial Indígena (CPI), respondieron al INAI que "se debía a la complejidad del proceso y la necesidad de respetar los tiempos de las comunidades que no pueden ser acotados al mero cumplimiento de los plazos establecidos por un programa".
Desde otras áreas que venían realizando los trabajos indicaron a los agentes del INAI que "el retraso se debía a la falta de planificación, a los constantes cambios de programación que los CPI imponían y no poder disponer de las camionetas afectadas al programas, las cuales eran utilizadas para fines no vinculados al ReTeCI (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas)".
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