Un proyecto de ley que establece que el gobierno nacional no podrá obligar a las provincias a renunciar a reclamos judiciales, de directa implicancia en Neuquén en función del acceso o no al Plan de Financiamiento nacional, está “demorado” por el “accionar del kirchnerismo”, según opinó el diputado nacional Horacio Quiroga, uno de los impulsores de la iniciativa.

Quiroga cuestionó la decisión del kirchnerismo de “levantar la sesión del cuerpo por falta de quórum” y remarcó que esa actitud impidió la votación del proyecto, que tenía despacho favorable por la mayoría en el seno de la comisión de Hacienda y Presupuesto y el miércoles “debía ser votada en el recinto”.

El proyecto de ley establece que “los convenios bilaterales firmados o a firmarse en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las provincias argentinas dispuesto por el decreto 660/2010, no podrán implicar la renuncia de las provincias a los derechos que pudieren tener por los reclamos judiciales efectuados”.

“Esta iniciativa reviste un gran interés para Neuquén, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobierno provincial todavía está en negociaciones con el Ejecutivo Nacional justamente porque se quiere obligar a la provincia a renunciar a los reclamos que se encuentran para resolución de la Corte Suprema”, dijo Quiroga.

El diputado enfatizó que “el monto reclamado en las demandas supera largamente al que se contempla en el plan de refinanciación que llega a 1.800 millones de pesos”, mencionando que “en uno solo de los juicios, la provincia reclama en concepto de regalías mal liquidadas casi 3.500 millones de dólares, que los peritos de la Secretaría de Energía de Nación valuaron en 4.700 millones de pesos”.

El proyecto de ley, que ahora deberá ser tratado en el recinto durante la próxima sesión del cuerpo legislativo, también establece que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no utilizados durante el ejercicio anual, “se distribuirán entre las provincias (incluida la ciudad de Buenos Aires) dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del ejercicio fiscal”.

A su vez, se obliga a las jurisdicciones provinciales “a fijar un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción idéntica a lo que les destine de la coparticipación federal de impuestos”.