Por Fernando LabordaEl silencio es una forma de comunicación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo tiene claro. Por eso, en las últimas semanas, y para lo que queda de campaña hasta el 23 de octubre, ha optado por evitar cualquier referencia a asuntos conflictivos o negativos para su gobierno.
La estrategia presidencial pasa por los buenos anuncios y las buenas noticias. Claro que mientras la primera mandataria anticipa aumentos en las asignaciones por hijo y comunica que la pobreza alcanza niveles bajísimos (8%), casi mejores que los del llamado primer mundo y sólo explicables por las barbaridades estadísticas del Indec, el último censo da cuenta de que la población en las villas de emergencia porteñas creció más de un 50% en la última década. La jefa del Estado se florea con el crecimiento del consumo, pero no alcanza a explicar el aumento de la fuga de capitales y el hecho de que la Argentina sea el único país de América del Sur que en lo que va del año ha perdido reservas. Mientras Uruguay incrementó en el mismo período sus reservas en un 35% y Brasil en un 15,8%, nuestro país las vio caer en un 4,6 por ciento.
Entre los temas de los que el kirchnerismo no habla está el escándalo por las viviendas de las Madres de Plaza de Mayo. Sergio Schoklender se ha propuesto arruinarle ese plan.
El ex apoderado de la fundación encabezada por Hebe de Bonafini está sugiriendo que, si termina siendo el chivo expiatorio, arrastrará con él a todos los que pueda , incluyendo a funcionarios kirchneristas y a las propias madres.
Sus denuncias incluyen desde presuntas cuentas en el exterior de las principales autoridades de Madres de Plaza de Mayo hasta supuestos pagos de la fundación por 1.500.000 pesos destinados a acciones políticas realizadas por los integrantes de la fórmula presidencial kirchnerista y por el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. El mismo funcionario que, meses atrás, había expresado que el Gobierno no tenía trato directo con las Madres, pese a los importantes aportes de fondos a la organización para la construcción de viviendas sociales sin licitación previa y a que él participó de actos públicos en los cuales se inauguraron viviendas de la fundación.
También Schoklender ha apuntado contra el juez de la causa, Norberto Oyarbide, ese magistrado al que la suerte siempre termina favoreciendo con los más importantes casos que salpican de corrupción al Gobierno. Los tiempos del juez no son los de Schoklender. Oyarbide parece pretender parar la pelota hasta las elecciones de octubre; el ex apoderado de las Madres, en cambio, pretende calentar la cancha antes de los comicios.
La reacción de Schoklender puede molestar al Gobierno, pero difícilmente conmoverlo. El kirchnerismo ya hizo lo que tenía que hacer. Con argumentaciones muy discutibles, intentó circunscribir con cierto éxito el escándalo a la supuesta traición de un administrador deshonesto, que no sería otro que Schoklender.
Los voceros del oficialismo se preocuparon por descalificar cualquier insinuación de que la Justicia debería investigar a las Madres y al propio gobierno nacional. "Ahora vienen por los derechos humanos", se justificaron. ¿Podrá aportar algo de luz al escándalo un personaje demonizado por la opinión pública como Schoklender? Difícilmente. ¿Y la oposición? Bien, gracias..




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