Demolieron otra casa sin autorización en el Centro

Cuando parecía que constructores, proyectistas y emprendedores empezaban ajustarse a las normas establecidas para la protección del patrimonio arquitectónico en el Area Centro, apareció un nuevo caso de desidia y falta absoluta de respeto a la legislación que declaró Bien Arquitectónico Protegido al Centro Histórico de la Ciudad.
En simultáneo con una denuncia ante la Comisión de Preservación del Patrimonio (COPAUPS), se presentó ante ese organismo un expediente para autorizar una intervención a la vivienda de calle Urquiza 671/73 donde funciona un hostal, en pleno centro entre las dos peatonales.

El organismo resolvió paralizar inmediatamente todos los trabajos, porque se trata de una demolición clandestina, no autorizada, efectuada con la finalidad de tirar abajo el adobe, eliminar todos los vestigios de la construcción antigua.

Las autoridades municipales del área de Turismo y también las provinciales se ufanan de la cantidad de turistas que visitaron Salta en Semana Santa; que reconocen la ciudad por su caso histórico protegido, que inclusive la mencionan como ciudad limpia, pero desordenada en el tránsito.

La arquitectura colonial o neo colonial distingue a la ciudad, pero la avidez por el negocio inmobiliario, la certeza de que se puede burlar la legislación para hacer “convivir modernidad con tradición”, derivan en la anomia; es decir, que resulta exactamente igual cumplir las normas, que no hacerlo. Abundan los ejemplos y entre los más notorios de esta actitud, está la modernidad de Santiago y 20 de Febrero, un signo de progreso que tiró abajo una vivienda protegida o Córdoba 87, a 50 metros de la Iglesia San Francisco con la pretensión de hacer una playa de estacionamiento.

La COPAUPS extendió en los últimos dos años un importante número de Certificados de No Objeción para intervenir viviendas céntricas en base al Plan Regulador del Regulador del Area Centro y la mayoría de los constructores se ajustan a sus especificaciones.

En este caso habría un agravante y es que un funcionario municipal es el que habría llevado el expediente a la COPAUPS, el viernes 30 de marzo, en horario de cierre administrativo, quizás conla idea de seguir demoliendo todo el fin de semana.

Comentá la nota