El martes de la semana pasada lo demostró con claridad, cuando tiñó la actualidad y entrampó a la oposición con el anuncio de la desclasificación de un archivo sobre la guerra de Malvinas que dejó de ser secreto hace ya treinta años. Y el último viernes lo volvió a demostrar cuando la ministra Nilda Garré anunció al mediodía y realizó durante la tarde una conferencia de prensa para hablar de las fotos de Jazmín de Grazia y una cobertura del programa de Mauro Viale. Me parece elogiable que Garré sancione a los policías que están bajo su mando y que habrían entregado o vendido el material fotográfico a los editores de Crónica. Pero también debería haber dado explicaciones sobre la ineficiencia de la Policía Federal que ella controla ante el asesinato del reportero gráfico francés en la Plaza San Martín. Y además debería haber tomado posición, igual que lo hace a veces frente al accionar de la policía bonaerense, frente a la desmesurada represión de las policías de Catamarca y de Tucumán durante las protestas de los ambientalistas que se oponen a la minería a cielo abierto. Lo mismo debería haber hecho ante el secuestro “exprés” que sufrió el responsable del Sistema Público de Medios, Tristán Bauer, en el barrio de Saavedra y el actor Enrique Pinti en plena avenida Corrientes. Estaba pensando precisamente en eso cuando apareció en la pantalla de todas las señales de cable, inmediatamente después de Garré, el canciller Héctor Timerman, para denunciar ante el consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que Argentina considera una creciente militarización de Malvinas. Ante “semejante vértigo informativo” sobre asuntos que, sin duda, despiertan interés en la mayoría de la sociedad, otras cuestiones, como las dificultades para obtener la tarjeta SUBE, la denuncia de que el vicepresidente Amado Boudou tiene un testaferro que recibe dinero por negocios irregulares y la aparición de un dirigente cristinista que se hizo pasar por un trabajador que defendía con espontaneidad la minería a cielo abierto pasaron casi desapercibidas, excepto para “el círculo rojo” de las no más de cinco mil personas que pretenden estar al tanto de casi todo lo que pasa.

La agenda demoledora de Cristina Fernández 2012 incluye una fuerte expectativa por el futuro de YPF, lo que constituye otra de las jugadas maestras de la comunicación presidencial. El nuevo relato K afirma que esta petrolera, entre otras, es la culpable de la crisis energética que ya está afectando, y mucho, la balanza comercial. Pero la verdad es que la crisis se empezó a incubar en 2003 cuando Néstor Kirchner decidió congelar las tarifas y herir de muerte la política de inversión que hubiera permitido un abastecimiento más racional de combustible. ¿Ocupará YPF el podio principal de enemigo imaginario que el Gobierno necesita para ocultar el efecto del ajuste y la no gestión que caracteriza el segundo mandato de Cristina Fernández? ¿Se limitará la jefa de Estado solo a malvinizar 2012 y politizará 2013 para arrasar en las próximas elecciones legislativas y así consolidar la mayoría necesaria para conseguir la reforma constitucional y la reelección indefinida? ¿Instruirá a los medios oficiales y paraoficiales con el objeto de esmerilar a Daniel Scioli para impedir que se transforme en el próximo candidato presidencial del oficialismo? ¿Cuánto tardará en aparecer una nueva denuncia contra la política de seguridad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, potenciada por el brutal y millonario aparato de comunicación del Estado?

La comodidad con la que Cristina Fernández impone los asuntos que “le hacen bien a su imagen” tiene explicaciones que están a la vista. Una, quizá la más evidente, es que ningún dirigente de la oposición política tiene la capacidad de instalar temas. Pero la otra es que el aparato de comunicación trabaja en dos planos. Uno es el táctico que implica el día a día. Lo que sucedió el viernes es un ejemplo bastante claro. El otro es el estratégico. Es decir, la incorporación de asuntos que apelan al sentimiento patriótico para sacar provecho de ello. ¿Qué porcentaje de aceptación social obtendría una escalada verbal capaz de potenciar el conflicto diplomático con Gran Bretaña? ¿Qué guarismos lograría una consulta popular o una gran encuesta que preguntara si está de acuerdo en nacionalizar YPF, la mayor petrolera del país y la empresa más grande de la Argentina? El atento lector de El Cronista quizá no necesite leer ahora mismo una respuesta tan obvia.