Recurrir a la vía judicial fue la decisión que tomó la empresa de bienes raíces luego de que la semana pasada fracasara la instancia de mediación al no presentarse ningún representante de la entidad que preside Hebe de Bonafini. La citación era para el jueves pasado en Tartagal y debían presentarse los actuales apoderados de la fundación o alguno de los hermanos Sergio o Pablo Schoklender.

El conflicto se originó en la compra de tierras que hizo la fundación Madres de Plaza de Mayo a pocos kilómetros del centro tartagalense, para construir allí 1.000 casas, un hospital y espacios verdes.

De todo esto, la entidad pagó la mitad del precio de las tierras (el total era 500.000 pesos) y dejó sin abonar la comisión a la inmobiliaria. Así, la deuda supera los 250.000 pesos.

Si la demanda judicial progresa y el fallo del juez beneficia a la inmobiliaria, ésta podría recuperar las tierras e incluso quedarse con el hospital de complejidad III que la fundación construyó dentro del programa “Sueños compartidos”.

Plan para el norte

El proyecto de la fundación establecía en una primera etapa la construcción de 300 viviendas, además del hospital y en una segunda otras 700 viviendas, con plazas y salones de uso múltiple (SUM).

Para implementar “Sueños compartidos” en Tartagal viajó al norte salteño el entonces apoderado de la fundación Sergio Schoklender, quien adquirió 10 hectáreas ubicadas a 3 kilómetros al este de la ciudad, en medio de varias comunidades aborígenes. Es un lugar estratégico que carece de servicios de salud.

En el primer viaje que realizó al norte a bordo de un avión de la empresa Meldorek, días después del alud de febrero de 2009, Schoklender pagó de contado $250.000 con el compromiso de abonar el saldo (otros $250.000) en un mes.

Aún antes de que el saldo fuera cancelado la fundación inició la primera obra: el hospital de complejidad III con consultorios médicos y odontológicos y hasta una sala de internación para emergencias. La idea era contar con un centro de referencia de las comunidades criollas y aborígenes a las que les resulta dificultoso llegar hasta el hospital Perón.

Tres meses más tarde, el hospital, construido con un sistema de rápida ejecución y en el que trabajaron 20 desocupados de Tartagal, estuvo listo. Pero el Ministerio de Salud Pública de la provincia se negó a recibirlo formalmente.

Tampoco la obra de las 300 casas se comenzó por diferencias entre la fundación y el Gobierno de la provincia que no veía con buenos ojos la incursión de Madres en Salta como empresa constructora. Por ese motivo el hospital quedó como la única construcción en medio del predio de 10 hectáreas.

Fuentes vinculadas a la firma precisaron a El Tribuno que la demanda será presentada en el Juzgado Civil y Comercial de Tartagal por la firma Uanini-Milanesi, propietaria del Catastro 030454. Sus abogados también pedirán el pago de los honorarios para la inmobiliaria que realizó la operación.

En la misma operación la fundación había dejado señado otro predio también de 10 hectáreas pertenecientes a la misma firma de bienes raíces para la ejecución de la segunda etapa del proyecto “Sueños compartidos”, etapa en la que se construirían las 700 viviendas restantes. En esa operación abonó la suma de $20.000 pero al igual que sucedió con el otro predio nunca terminó de pagar los $480.000 que adeudaba. Según el contrato de compra-venta ambas operaciones debían finalizarse antes de los 180 días con el pago de los saldos adeudados y la entrega de las escrituras a nombre de la fundación.