La pretensión de la empresa Andrade Gutiérrez de litigar sin gastos en una millonaria demanda presentada contra la Provincia en concepto de improductivos vinculados con la obra del "Puerto Caleta La Misión" generó un entredicho entre la Fiscalía de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno.

El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, impuso a la Gobernadora que el órgano a su cargo –que oficia como representante judicial del Estado Provincial– no había sido informado por funcionario gubernamental alguno sobre la existencia de esta demanda; que de manera, a su entender injustificada, se demoró el envió del expediente administrativo vinculado a la contratación, y que desde el Ejecutivo se dejó vencer el plazo dado por el Superior Tribunal de Justicia para la remisión de esa documentación en el marco del planteo de litigar sin gastos.

Por tales motivos, el Fiscal le solicita a la gobernadora Ríos que ante "la desidia e irresponsabilidad" con que fue manejada la cuestión separe del cargo a "todos aquellos funcionarios y/o agentes que hayan tenido responsabilidad" en el tema, "como así también la imposición de sanciones disciplinarias a los que, aún con menor responsabilidad haya tenido participación", para evitar así "que una situación tan delicada como inaceptable se vuelva a reiterar".

Desde la secretaría Legal y Técnica se rechazaron la imputaciones formuladas por el Fiscal de Estado. A través de una gacetilla de prensa, la responsable del área, Eleonora De Maio, aseguró que "el Gobierno cumplió debidamente con los plazos establecidos para la remisión de las actuaciones requeridas por el Tribunal Superior de Justicia en el marco de la presentación realizada por Constructora Andrade Gutiérrez". Indicó además que el Poder Ejecutivo nunca "informa al Fiscal de Estado respecto de una potencial causa contra la Provincia, sino hasta tanto la misma no es declarada admisible por el Poder Judicial", y que en casos "como el presente, en materia contencioso administrativo, cuando se declara admisible una demanda el Poder Judicial notifica de la misma directamente a la fiscalía de Estado, brindando a dicho órgano un plazo razonable para la contestación de la demanda".

Respecto de la demora en el envío de los antecedentes del caso, refiere que el Fiscal de Estado los requirió luego de que la Secretaría Legal y Técnica presentara "los originales al Superior Tribunal de Justicia", por lo que se requirió a la Corte la devolución de las actuaciones para poder satisfacer el reclamo de la Fiscalía de Estado. Petición, que sostiene, fue realizada "para que previo a conocer si la causa había sido admitida o no, empezar a trabajar en ella".

Los cuestionamientos del Fiscal

Según reseña el titular del órgano de control en una nota interna que trascendió públicamente a fines de la semana cuando fue publicada por el portal "Reporte Austral", el 30 de abril la Fiscalía fue notificada por el Superior Tribunal de Justicia que la mencionada empresa constructora había solicitado el beneficio de litigar sin gastos en una causa iniciada contra la provincia, en la que reclama el pago de 44,8 millones de pesos, sin computar intereses ni costas.

El Fiscal precisa que si bien en esa notificación no se le "corrió traslado alguno y se trataba simplemente de un beneficio de litigar sin gastos, no nos pasó inadvertido que quien litigaba era la empresa que había sido contratada por la provincia oportunamente para la ejecución del puerto de la ciudad de Río Grande" y agrega que "va de suyo que si ya se nos notificaba del incidente aludido, era porque se encontraba ya iniciada la demanda contra la provincia".

Asegura que como "la Fiscalía de Estado jamás tuvo a la vista ningún expediente administrativo vinculado a dicha contratación, y la imperiosa necesidad de poder contar con los antecedentes mucho antes de que se me corra traslado de la demanda atendiendo la voluminosidad de las actuaciones, complejidad de cuestión e importancia patrimonial", el 7 de mayo puso en conocimiento del Ministro de Economía "de dicha demanda" , a la que cataloga como "el mayor reclamo judicial en que se encuentra involucrada la provincia, y justamente en relación a la obra pública más importante contratada en toda su existencia", y que en función de ello solicitó que "sin mayores dilaciones me remitieran copia certificada de todos los antecedentes administrativos, contratos, documentos y toda la información que sea pertinente con el objeto de comenzar a preparar una adecuada defensa jurídica de la provincia".

Indica que el 18 de mayo, al no haber tenido respuesta a su pedido, comunicó tal circunstancia a la propia Gobernadora solicitando su expresa intervención para que "arbitrara los medios necesarios que permitieran una adecuada defensa de los intereses provinciales", y que al día siguiente –19 de mayo– mediante nota del Ministerio de Economía se lo impone de que las copias solicitadas no estaban disponibles ya que desde el Ejecutivo se había remitido "el expediente original a la Justicia" el 11 de mayo, 4 días después de su pedido original.

La gravedad del hecho radica, según sostiene el Fiscal de Estado, que la imposibilidad de acceder rápidamente a este expediente que consta de 198 cuerpos le impediría contar con tiempo suficiente para leer la documentación, "recabar información, estudiar y elaborar una defensa acorde a las exigencias y a los parámetros de estudio, seriedad y profundidad a los que siempre se ha ajustado la actuación de la Fiscalía de Estado", por cuanto una vez que se le corra traslado de la demanda judicial contará con escasos 30 días para contestarla "cuando la contraparte contó con años para elaborar su reclamo".

Por ello, además de las medidas disciplinarias, reclama también que el Ejecutivo ponga a su disposición los expedientes administrativos y los recursos técnicos, administrativos y económicos para poder responder adecuadamente y con fundamentos sólidos el reclamo que se formula en la referida acción judicial".

Injustificable demora

Especial énfasis pone el Fiscal al referirse a las razones que motivaron que el Ejecutivo dejara vencer, a su entender, los plazos para responder el requerimiento de información que el había formulado el 21 de abril el Superior Tribunal de Justicia.

Sostiene que a partir de esa fecha se contaba con 10 días hábiles –hasta el 5 de mayo– para hacer copias del expediente original y remitirlas a la Justicia, pero que el ministerio de Obras Públicas recién remitió el 10 de mayo a la secretaría Legal y Técnica el expediente original, y no copias de este como se le había solicitado el 26 de abril. El argumento fue que "visto la magnitud de la documentación a la cual se debe efectuar fotocopias, el tiempo que insumiría su realización, no contando con fondos suficientes en este Ministerio para afrontar el gasto ni personal para llevar adelante dicha tarea en el plazo expresado en dicho oficio, se remite original...", 5 días después de vencido el plazo procesal para responder a la Justicia.

Sostiene que ante tal circunstancia, y habida cuenta que desde el Ejecutivo no se había solicitado prórroga alguna para cumplir con el pedido judicial, no tenía efecto favorable alguno para la causa remitir el expediente original a la Corte como se hizo, pero como contrapartida se demoró injustificadamente la remisión de esa documentación a la Fiscalía de Estado.